Hacia un pacto social por la vivienda

El problema residencial en España se ha visto fuertemente agravado por la crisis sanitaria. Si previamente al covid-19 el sistema de vivienda español ya estaba en crisis, las recientes previsiones económicas auguran un futuro de aún más compleja y difícil solución. Este fenómeno va a producir un fuerte aumento de los desahucios, del sinhogarismo, la expulsión de la población y el agravamiento de la (ya elevada) tasa de sobrecarga del coste de la vivienda. Sin una actuación decidida, esta crisis no solo se traducirá en un mayor coste social, sino también en un aumento de la inseguridad sanitaria y en una contracción aún mayor del consumo de los hogares. Resulta contradictorio que los poderes públicos hayan mandado mensajes a la población (#stayhome) cuando no se revierte la creciente inseguridad habitacional. 

En tiempos del covid-19, lo extraordinario se vuelve ordinario y a la inversa. Nuestros representantes democráticos han decidido, con la creación de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la Covid-19, pactar que deben pactar. El siguiente paso es converger en los contenidos. A nuestro juicio, por razones sociales, económicas y sanitarias, un Pacto de Estado por la Vivienda encabeza la lista de prioridades. El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una iniciativa en esa dirección proponiendo alargar la prohibición de desahucios, regular los precios de alquiler, tasar las operaciones especulativas y aumentar significativamente la inversión en vivienda pública de alquiler bajo la fórmula de la “producción industrializada”. 

En España no faltan viviendas sino viviendas asequibles, es decir, viviendas dirigidas a hogares y personas con un nivel de renta insuficiente para asumir los precios de mercado. Como afirma el último documento del Banco de España, el sistema es cada vez más inaccesible: la proporción de ingresos dedicado al pago del alquiler es cada vez mayor. Este es un fallo evidente del mercado: pese a la enorme y creciente demanda, la oferta no está reaccionando al ritmo requerido. Con solo un 2% de vivienda social (VPO) frente al 11% de media en la UE, queda todavía un largo camino por recorrer. Es misión de todos los actores relevantes en el sistema de vivienda resolver este déficit histórico: ¿a través de qué mecanismos es posible generar suficientes viviendas asequibles, a la escala y ritmo requeridos, para atender a la demanda insatisfecha?

Construir el número necesario de viviendas asequibles en España requiere de una gran inversión pública. Por eso resulta imprescindible un Plan Marshall para la Vivienda, canalizando parte de los recursos públicos provenientes del futuro Plan de Recuperación de la UE hacia esta política (como ha sugerido Sorcha Edwards, Secretaria General de Housing Europe). En la línea de la economista Mariana Mazzucato, apostamos por una política de vivienda basada en la misión, que implica dar direccionalidad al crecimiento y moldear el mercado de tal manera que cumpla objetivos públicos. Se trata de un keynesianismo inteligente: al invertir en la construcción masiva de viviendas asequibles se crean numerosos puestos de trabajo, se avanza en la transición verde y se atiende a la demanda insatisfecha, garantizando por el camino, el derecho a la vivienda.  

La primera tarea a resolver en el corto plazo es que los actores políticos se pongan de acuerdo y ratifiquen la necesidad de un Pacto de Estado por la Vivienda. La coordinación de los diferentes niveles de gobierno (central, autonómico y local) es esencial para producir un marco regulatorio coherente. La segunda tarea es buscar alianzas con el sector privado. Recientemente el sector inmobiliario se ha organizado para lanzar un mensaje de crítica importancia: quiere ser parte de la solución y no del problema. Que los propios actores privados estén interesados en solucionar problemas públicos nos acerca al modelo social europeo de vivienda. Es fundamental que en el mercado existan actores privados que busquen proactivamente inversiones de rentabilidad limitada, paciente y segura, en proyectos de alto impacto social.

Ahora bien, para que la asociación público-privada funcione, es clave diseñar mecanismos de colaboración que sean simbióticos y no parasitarios. La colaboración no puede servir para privatizar beneficios y socializar pérdidas. Algunos modelos de concesión de infraestructuras han sido un ejemplo de ello. Tampoco propuestas como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid basadas en desregular (aún más) el suelo, fomentando (de nuevo) el modelo extractivo-inmobiliario. Muy al contrario, al igual que en el caso de otros países de Europa, la colaboración público-privada debe pasar por crear nuevas estructuras organizativas y aprovechar las sinergias de ambos sectores para construir capacidades: mancomunar herramientas y recursos, compartir riesgos y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas públicos. Al fin y al cabo, se trata de que la consigna #stayhome no sea un pío deseo. 

*Eduardo González de Molina es Investigador Asociado en The GovLab de la Universidad de Nueva York y Doctorando en Políticas de Vivienda por la Universidad Pompeu Fabra. Montserrat Pareja-Eastaway es Profesora de Economía de la Universidad de Barcelona y vicepresidenta de la European Network for Housing Research.