A vueltas con la monarquía

La mesa del Congreso de los Diputados ha despachado la demanda de constitución de una <strong>comisión de investigación</strong> sobre los negocios y herencias del rey emérito tirando del argumentario habitual en relación a su irresponsabilidad constitucional. Posiciones mantenidas durante años para impedir que los parlamentarios pudieran ejercer sus funciones de control, ya sea a través de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actividades 'comerciales' de la Corona, así como de sus opacas finanzas, o mediante la negativa a poder tramitar iniciativas parlamentarias a fin y efecto de disponer de la liquidación presupuestaria de las partidas dedicadas a los miembros de la Casa Real y a su mantenimiento. Escenario basado en una contradicción imposible de metabolizar en términos democráticos en la medida que al mismo legislador que daba luz verde a las cuentas se le negaba capacidad para controlarlas.

Evidentemente, todo ello solo se sostenía en la medida que la opinión pública y, por supuesto, la opinión publicada consideraban mayoritariamente del género 'freak' que desde el parlamentarismo se dedicasen esfuerzos a romper el muro de silencio levantado alrededor de Juan Carlos I. Y para muestra un botón: en el año 2004 el buen amigo José Antonio Labordeta tuvo conocimiento a través de un lector aragonés en una universidad rumana de que el Rey había participado en una cacería ilegal de osos en un parque nacional, información que me transmitió para que pudiera dirigir preguntas al Ejecutivo puesto que él mismo dudaba de que a su electorado le complaciera su inquisición. Y, por supuesto, la mesa del Congreso rechazó cualquier incursión parlamentaria, razón por la cual incluso este exdiputado tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional que, en el año 2008, con el voto particular del magistrado Pablo Pérez Tremps, falló que no había lugar a la demanda puesto que no quedaba justificada la “transcendencia constitucional” de lo demandado. Y al año siguiente la demanda de amparo tuvo que ser presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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Mantener hoy día, después de tantos escándalos, la posición bunquerizada de antaño nos recuerda una aquiescencia semejante a la contenida en el cuento del rey desnudo de Andersen y se aleja de las exigencias de los convulsos tiempos actuales en relación a la revalidación de los pactos sobre los cuales se asienta la conformación democrática de nuestra sociedad, de entre los cuales, inevitablemente, también los fundamentos los relativos a la monarquía.

Permítaseme el recuerdo del título de las columnas periodísticas de Manolo Vázquez Montalbán en Tele/eXprés para transitar del alfiler de la opacidad de la institución monárquica al elefante de su cuestionable legitimidad como institución restablecida en el marco de la impunidad consagrada en la preconstitucional ley de amnistía de octubre de 1977, para explicarnos el origen de todo ello. Porque a pesar de todas las amnesias fabricadas en los laboratorios de la Transición, lo substantivo radica en el hecho que durante el periodo fundacional del actual Estado democrático se negó a la ciudadanía decidir si optaba por el restablecimiento de la legalidad republicana o por la monarquía impuesta por el dictador. Una legitimidad en consecuencia impuesta mediante la aprobación de una Constitución que la incorporaba, por lo cual solo pudo ser sancionada, pero no jurada, por Juan Carlos I porque ya había jurado previamente los Principios Fundamentales del Movimiento.

La asunción de una verdadera legitimidad democrática debería ser el reto de quienes consideran que la institución monárquica responde a las demandas democráticas del siglo XXI, máxime si se atiende a su desprestigio entre las nuevas generaciones, y también de quienes les preocupa la calidad de la democracia en el Estado español. En este sentido, es incuestionable el hilo directo entre lo que acaece hoy y la impunidad con que nació el régimen monárquico. Efectivamente, uno no puede dejar de recordar aquellas palabras, tantas veces recordadas, de Fabiola Letelier, hermana del ministro de Salvador Allende asesinado por la policía del general Pinochet: “La impunidad socializa la perversa idea de que todo está permitido y que los delitos más graves no merecen castigo, fomentando así la anomia generalizada y la corrupción en los más variados ámbitos de la vida social”. En definitiva, si la impunidad permitió al jefe del Estado no sentir nunca la necesidad de pedir perdón por su complicidad con la dictadura, por qué razón tenía que dar explicaciones sobre sus finanzas, por ejemplo.