El 3% que agitó el oasis

<strong>Este lunes se cumplen 15 años de la primera denuncia pública por parte de un político de las comisiones</strong> cobradas por los partidos en Catalunya por la concesión de obras públicas. La hizo en el pleno del Parlament el ‘president’  Pasqual Maragall cuando espetó a Artur Mas: «Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%». Fue como lanzar una piedra en el lago estancado del oasis. En el pleno se debatía sobre el socavón en las obras del metro del Carmel y ese mismo día un editorial de EL PERIÓDICO había sostenido que había llegado la hora de investigar todo lo que se decía en Catalunya sobre el 3%. El cobro de comisiones era un rumor muy extendido. La conmoción fue tal que Mas amenazó con dinamitar la reforma del Estatut, Maragall rectificó inmediatamente, y se abrió una investigación judicial y otra parlamentaria, pero ambas quedaron en nada.

Quince años después, CDC no existe, y en parte se debe a la corrupción, y el caso del 3% aún está en los juzgados, a punto de cerrarse la investigación que finalmente se abrió en el 2013 en un juzgado de El Vendrell y que luego pasó a la Audiencia Nacional. Por el caso del 3% no hay, pues, ningún condenado. Los únicos son Millet y Montull por el caso del Palau de la Música, destapado en el 2009, pero solo han estado poco más de un mes en prisión hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Otros casos han afectado a CDC, pero la bomba fue la confesión de Jordi Pujol en julio del 2014 de que había tenido dinero en el extranjero sin declarar durante 34 años. Ese fraude y las acusaciones que pesan contra varios de sus hijos siguen sin ser juzgados.

La corrupción en los partidos puede ser doble, con lucro personal –como en el caso Palau-- o por financiación ilegal, que ha afectado a casi todos, aunque en unos casos, como el de CDC, ha sido una práctica sistemática. También lo ha sido en el PP –y ahí está trama Gürtel– y lo fue en el PSOE al menos hasta que estalló el 'caso Filesa'.

Desde la denuncia por Maragall hasta ahora ha habido algunos avances en la lucha contra la corrupción, pero queda aún mucho por hacer porque a veces solo han cambiado los protagonistas, pero las prácticas irregulares han continuado. Por ejemplo, se prohibieron las donaciones anónimas a los partidos, pero las fundaciones creadas por estos pueden recibir aportaciones de empresas. Se han aprobado leyes de transparencia y ha mejorado la conciencia ciudadana para condenar –incluso en las urnas– ese tipo de actuaciones, pero lo cierto es que solo se pudo desentrañar la madeja del 3% cuando algunos empresarios contribuyentes lo denunciaron en los juzgados.

Por eso es muy necesario proteger a los denunciantes, regular la figura del arrepentido, legislar de una vez de una forma creíble y eficaz sobre la financiación de los partidos y alargar el plazo de prescripción de los delitos. Solo así se acabará con la utilización de la corrupción solo como arma arrojadiza entre los rivales y con la cantinela del todos lo hacen, que es como decir que si todos son culpables nadie es culpable.