Paro y violencia de género

En lo que llevamos de 2020, en España han muerto ya siete mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Por muchos esfuerzos que se hayan dedicado a campañas de información y prevención, así como a las reformas del sistema judicial, la cifra no decrece. También fueron siete las mujeres asesinadas en enero del año pasado y durante todo el 2019 fueron 55 las víctimas de actos de este tipo. Además, esos asesinatos dejaron huérfanos a 46 niños menores de edad. Pero ¿qué sabemos de las variables que se relacionan con la incidencia de la violencia de género? En el área de la economía de género, los estudios se han centrado en el efecto del ciclo económico, en particular, de la tasa de paro, sobre el aumento o la reducción de ese tipo de violencia. Hoy voy a centrarme en un estudio que evalúa en el ámbito español el impacto de las tasas de paro masculina y femenina regionales sobre la variación -incremento o decremento- de los casos de violencia de género en el mismo ámbito geográfico.

Cabe resaltar que el problema no es exclusivo del caso español; según datos de la Comisión Europea, el 25% de las mujeres europeas han sufrido experiencias de violencia en algún momento de su vida y el 10% de esos casos han ocurrido durante el último año. Obviamente, hay diversas consecuencias tanto para las mujeres afectadas como para su entorno, en particular, para los hijos. Varios estudios demuestran que vivir en un hogar con violencia genera problemas cognitivos, conductuales y emocionales, y aumenta la probabilidad de ser protagonista de situaciones de violencia en la edad adulta. Además, los costes para la sociedad en su conjunto son elevados: mayor gasto sanitario, judicial y policial, así como reducción de la productividad de las mujeres que sufren la violencia. Por tanto, se trata de un problema que traspasa la esfera individual y cuyas consecuencias afectan a toda la sociedad.

Dos profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, César Alonso-Borrego y Raquel Carrasco, se centran en el caso español y calculan los efectos de la <strong>tasa de paro</strong> sobre la violencia de género. Para ello, utilizan datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer de los años 1999, 2002 y 2006, que es una de las principales fuentes de información sobre el tema; la muestra de esa encuesta, que realiza el Ministerio de Igualdad, son las mujeres residentes en España mayores de 16 años. Los autores distinguen entre violencia física y aquella que no lo es y utilizan las tasas de paro masculino y femenino en la provincia como indicadores de la situación de la economía local. Por tanto, cabe preguntarse por qué la tasa de paro puede afectar a la incidencia de la violencia de género.

Fomentar la independencia

Existen varias vías de conexión entre ambos hechos; los más relevantes parecen ser, en primer lugar, el poder de negociación de la mujer dentro de la pareja y la posibilidad real de esa mujer de romper la relación y llevar una vida autónoma. Si la mujer pierde el empleo y no tiene ingresos, le resulta más difícil dejar la relación y, en consecuencia, esta opción pierde consistencia. En segundo lugar, los roles de género tradicionales se basan en el modelo del hombre como proveedor de recursos materiales y sustento principal del hogar, por lo que, cuando pierde el trabajo, puede sentir amenazada su capacidad de cumplir con ese rol social.

Los resultados del estudio son tan claros como preocupantes. En el caso de la violencia física, el aumento de la tasa de paro masculina se traduce en el incremento sustancial de la incidencia de la violencia. Así, el riesgo que tienen las mujeres de sufrir violencia física se reduce en casi tres puntos porcentuales si su pareja tiene trabajo. Al mismo tiempo, si la mujer tiene empleo, el riesgo de sufrir violencia también se reduce de manera significativa. Finalmente, en las parejas más igualitarias en las que tanto el hombre como la mujer están empleados, es mucho menor el riesgo de que se ejerza violencia física que en las parejas en las que solo el hombre tiene trabajo.

Los resultados son claros y el estudio concluye que las políticas públicas que la Administración puede emprender para reducir la violencia de género son múltiples. En la medida en que aumente la incorporación de las mujeres al mercado laboral, la violencia debería reducirse. Por tanto, si tuviéramos que recomendar solo una medida a medio y largo plazo, seguramente el punto más importante sería el fomento de la independencia de las mujeres y la promoción de las políticas de igualdad de género.