19 feb 2020

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Editorial

Intolerable censura previa educativa

El control de los padres sobre el contenido curricular atenta contra pilares básicos de la enseñanza

El Periódico

Menores en una escuela.

Menores en una escuela. / Bianca Bufi (Save the Children)

La irrupción de Vox como una fuerza política decisiva en algunas comunidades y no solo como un movimiento populista, reaccionario y extraparlamentario trae consigo la elevación al rango de doctrina oficial –de una manera más o menos velada– de lo que hasta hace un tiempo eran solo arengas, discursos encendidos y autobuses reivindicativos. Baste como ejemplo la censura parental, la posibilidad de que los padres puedan autorizar a sus hijos a no recibir determinadas charlas, relacionadas con lo que la extrema derecha llama «ideología de género». Es un mecanismo contrario a las reglas educativas y los derechos del niño reconocidos a nivel internacional.

Este control previo de los padres atenta contra un pilar básico de la enseñanza: la autonomía de cátedra y el concepto del aula como un espacio de libertad y diálogo, único y compartido, en la que el conocimiento llega a todos por igual. Que los padres puedan establecer fronteras de sesgo ideológico o a partir de su moral íntima en las asignaturas y las actividades del currículo escolar no solo agrede a niños y niñas en sus derechos educativos, sino que introduce una peligrosa deriva que puede conducir a la emergencia de grietas y confrontaciones entre el alumnado y con el profesorado.

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En Murcia ya se aplica y en Andalucía forma parte de las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos. Es decir: ya no se trata de una algarada de los ultras católicos, sino de un programa de gobierno. Para luchar contra la violencia machista y a favor de los colectivos discriminados, la educación es una herramienta imprescindible, y es en la escuela donde se forjan los principios de respeto, tolerancia, convivencia y democracia.

Este es el fondo de la cuestión. Que unos padres quieran educar de acuerdo con su «ideología» forma parte de su íntima responsabilidad. Que pretendan inmiscuirse en un centro público o concertado, que exijan implantar la renuncia en una clase, es intolerable en una sociedad abierta.