España no se rompe, pero se agrieta

La moción que aprobó el ayuntamiento de León para segregar a su provincia de Castilla y León y crear una región leonesa (con Zamora y Salamanca) refleja cómo las tensiones territoriales que hoy experimenta España responden a dos dinámicas: la crisis de la España autonómica y la insurgencia de territorios que rechazan convertirse en periferias. Veámoslo.

La crisis autonómica

El cuestionamiento del marco autonómico hoy se constata en varios ámbitos, como la petición de Vox de suprimirlo (que apoya el 15% del electorado), el arraigo del secesionismo en Catalunya o la creación de la coalición de Navarra Suma contra el nacionalismo vasco. Hasta ahora las críticas a las autonomías obedecían esencialmente a pugnas nacionalistas. Ahora la propuesta leonesa añade otra desde el regionalismo y recuerda que la división autonómica fue fruto de una relativa improvisación que consagró cinco comunidades provinciales (Madrid, Santander, Asturias, Murcia y La Rioja). Hubo decisiones discutidas, como la posible integración de La Rioja y Santander en Castilla o la creación de una autonomía segoviana. Igualmente, la Constitución plasma criterios dispares en las relaciones entre comunidades: una disposición transitoria permite que Navarra se incorpore al País Vasco, mientras su artículo 145 prohíbe la federación de comunidades, en alusión implícita a Catalunya, Valencia y las Baleares.

La rebelión de la periferia

Pero la demanda de una región leonesa va más allá de reivindicar una identidad regional al ser también una protesta ante la marginación territorial. De este modo, el alcalde de León, José Antonio Díez, afirma que su proposición rechaza el «enorme centralismo» generado por el PP, que ha apostado por «el desarrollo del eje Valladolid-Palencia-Burgos» en detrimento de su ciudad. El caso dista de ser único en tal sentido, como ilustra la reciente petición del alcalde de La Línea (70.000 habitantes), Juan Franco, para que su urbe sea ciudad autónoma como Ceuta y Melilla y no pertenezca a la comunidad andaluza. Justifica el cambio para actuar ante problemas como el paro, el déficit de infraestructuras o el impacto negativo del brexit (11.000 habitantes trabajan en Gibraltar) y del narcotráfico. 

En este escenario, el diputado de Teruel Existe (TE) evidencia otro problema territorial: el de la España vaciada. La expresión procede del ensayo 'La España vacía' (2016), de Sergio del Molino, que analizó cómo en el 53% de la superficie del país (Aragón, Extremadura y las dos Castillas, salvo Madrid) solo vive el 15,8% de población. La zona carece de grandes ciudades, a excepción de Zaragoza (con más de medio millón de habitantes) y Valladolid (con 300.000), y Teruel es, junto a Soria, la provincia más despoblada. La irrupción de TE, por tanto, no debería sorprender. Y es que el éxodo poblacional es alarmante en España, pues 1.851 municipios (el 25%) tienen ya más jubilados que trabajadores.

El mapa político se complica

Esta complejidad territorial se ha reflejado en 43 escaños de los comicios del 10-N: los 38 de nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios; los dos de Navarra Suma. uno de TE, otro valenciano de Compromís (asociado a Más País) y un tercero del Partido Regionalista de Cantabria. En tal contexto, la suma de los votos de TE y Compromís a la investidura de Pedro Sánchez ha implicado que este asuma dos pactos sobre Presupuestos y población. Así, el apoyo turolense comporta el compromiso de negociar un pacto de Estado por «la repoblación y el reequilibrio territorial», crear un ministerio ad hoc y fijar una fórmula que dote de más fondos para infraestructuras a la España vaciada. A la vez, al obtener el apoyo de Compromís el Gobierno asume la cláusula introducida en el Estatuto valenciano en el 2019 que establece que la inversión del Estado en la comunidad debe ser proporcional al peso de su población en España (10.6%). Sánchez, por esta vía, ha admitido dos principios distintos: destinar más presupuesto a territorios despoblados y fijar presupuestos proporcionales a la población. 

Lo expuesto apunta que las tiranteces territoriales en España transcienden las pugnas nacionalistas. Ahora van de la mano de actores de la España vaciada, como TE, o consistorios, como los de León y La Línea. Lo plasmó el juramento de la Constitución en el Congreso de Tomás Guitarte, el diputado turolense, al «exigir el equilibrio territorial que mandatan los artículos 138 y 139, para que no tengamos dos Españas, una desarrollada y otra vaciada». En suma, España por ahora no se rompe, pero se agrieta cada vez más.