Cruzada judicial

La legislatura ha nacido en guerra. Cuando la derecha pierde el poder en las urnas, un reflejo casi automático la impulsa a recuperarlo en los tribunales. Judicialización de la política o politización de la justicia. Tanto monta, monta tanto. Ambas conducen al mismo punto: el deterioro de la democracia.

La derecha y su versión extrema anunciaron con gran bronca una <strong>cruzada judicial</strong> en la sesión de investidura de Sánchez. El presidente no ha perdido ni un minuto en pertrecharse para la contienda. La juventud de Sánchez no debiera inducir a nadie a error. Está más bregado en el duelo a vida o muerte que la gran mayoría de sus adversarios y correligionarios más veteranos. Ha desdeñado la crítica al menoscabo de la independencia de la justicia y ha movido a Delgado desde el Ministerio de Justicia hasta la Fiscalía General del estado. Si hay guerra judicial, él va a librarla. Y va a hacerlo con las armas que tenga a mano. Este es el mensaje de la elección de Delgado, vencedora del juicio del ‘procés’ (la sentencia se ajustó a la tesis de la Abogacía del Estado, modificada tras la llegada de la ministra) y factótum de la exhumación del dictador.

Jueces y fiscales tienen prohibido por ley la afiliación política. El veto tiene una motivación tan lógica como obvia, pero es poco más que una garantía vacía. La carrera judicial es mayoritariamente conservadora. Exige un gran esfuerzo económico a los aspirantes y esto determina en buena medida su procedencia social. Las becas son una quimera.

Control desde atrás

La sombra del PP es alargada y cubre buena parte del Consejo del Poder Judicial. El CGPJ es elegido por los grupos políticos y a su vez elige a los magistrados del Supremo. La renovación del Poder Judicial está bloqueada desde que el conservador Cosidó alardeó de que el PP controlaría "desde atrás" el Supremo con Marchena al frente del tribunal y del CGPJ.

El sistema se autodefine: los magistrados de la cúspide de la pirámide judicial española no acceden por méritos ni oposición pública. Son cooptados por el CGPJ, cuyos miembros fijan las condiciones de acceso. La independencia judicial pide a gritos becas para los aspirantes a juez y oposición pública para las altas magistraturas. Y lealtad institucional en la brega política.