Más dependencia, en medio de tanta independencia

El fuerte tijeretazo de gasto social que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó en julio del 2012 dejó en la cuneta, entre otros, al colectivo de cuidadores no profesionales de personas dependientes. Por lo general se habla en femenino de este colectivo, porque en más del 90% de los casos son cuidadoras. 

A partir de la ley de Dependencia del 2006 (con un Gobierno de Rodríguez Zapatero), el Estado se hizo cargo del pago de las cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales (familiares) de las personas dependientes con prestación reconocida. Era una manera de compensar la incapacidad de la administración de ofrecer suficientes residencias o centros de atención. La medida se entendió, además, como una ayuda a las mujeres, que son las que de forma mayoritaria se ven forzadas a dejar sus trabajos para hacerse cargo de estos cuidados familiares. Al asumir el Estado el coste, estas mujeres podían seguir mejorando su carrera de cotización de cara a poder cobrar una pensión de jubilación más digna en el futuro. La cotización también daba cobertura a posibles prestaciones por incapacidad permanente o enfermedad.

En el 2012 había 171.713 cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social por cuenta del Estado. Eran el 39% del total. El resto —hasta las 434.000 que atendían a dependientes con prestación reconocida— ya cotizaban por otro sistema a la Seguridad Social o bien eran personas ya jubiladas.

El tijeretazo del 2012 anuló esta ayuda. El número de cuidadoras cotizantes cayó de golpe a 25.000 y la erosión siguió en los años siguientes hasta llegar a poco más de 7.000 a principios del 2019. Todas las demás se quedaron en la cuneta, sin cobertura de jubilación, invalidez o enfermedad.

Después de siete años, el Gobierno socialista ha recuperado esta cotización.

Desde el 1 de abril, el número de cuidadoras no profesionales cotizantes ha pasado de unas 7.000 a 53.420 personas. La cifra se ha multiplicado por 7 pero apenas representa el 12,6% de las más de 420.000 personas dependientes que tienen reconocida una prestación para cuidados. Es una tasa muy baja, si se tiene en cuenta que la cotización es gratis. Queda lejos del 39% de cotizantes por cuenta del Estado que había en el 2012, antes del tijeretazo del PP. 

Resulta difícil comprender por qué hay mujeres que no se están beneficiando de esta medida. El caso es especialmente grave en Catalunya, donde apenas el 6,3% de las cuidadoras se benefician del apoyo del Estado. En el País Vasco este porcentaje llega al 23%. Los servicios sociales de las comunidades autónomas (que son quienes administran las políticas de dependencia) tienen una responsabilidad clara para hacer llegar esta ayuda (estatal) a las cuidadoras que, en Catalunya se sitúan a la cola del país.

Que el Govern ponga el foco en la independencia de Catalunya no debe impedir seguir cuidando de la dependencia.