El error de no hacer política

La sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ha sido recibida por una buena parte de la ciudadanía con la sensación de que en Europa no se respeta como se debiera la democracia española. A lo sucedido con los jueces alemanes y a la actitud refractaria de la justicia belga con las euroórdenes, que incluso no extradita a etarras con delitos de sangre, se añade ahora la decisión de Luxemburgo que cambia por completo la doctrina que hasta ahora regía para acceder a la condición de eurodiputado. En virtud de ello, Carles Puigdemont y Toni Comín proseguirán su campaña contra España desde la Eurocámara. Pues bien, aunque todo ello sea exasperante no debería producir una reacción antieuropea. Esas victorias del separatismo son la consecuencia de los errores de los políticos constitucionalistas, y no de una actitud antiespañola en Europa. Desde que empezó el procés los sucesivos gobiernos han renunciado a defender políticamente la Constitución y han optado por dejarlo todo en manos de los jueces.

No hay espacio para repasar todos los episodios de esa falta de convicción política. Recordemos que, a finales del 2013, Artur Mas, entonces president de la Generalitat, envió una carta a todas las cancillerías europeas anunciándoles que el 9 de noviembre del año siguiente se celebraría una consulta de autodeterminación en virtud de un acuerdo entre las fuerzas soberanistas. Es decir, el representante ordinario del Estado en Catalunya dio ya por liquidada la Constitución. Y eso ocurrió cuatro años antes del fatídico otoño del 'procés'. ¿Cuál fue la reacción de Mariano Rajoy ante ese primer acto de completa deslealtad? Ninguna. Sorprendentemente, el independentismo en lugar de agradecérselo lo demonizó, mientras en cualquier otro Estado europeo un dirigente regional que impulsara un proceso ilegal de secesión hubiera sido cesado a través de una fórmula parecida a nuestro artículo 155. Aquí eso no ocurrió hasta finales de octubre del 2017, cuando ya no quedaba otra tras los plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre, el 1-O y dos amagos de independencia.

Tampoco Rajoy quiso reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum que Rodríguez Zapatero había eliminado como consecuencia de las presiones del PNV.  Y no lo hizo pese a la amarga experiencia de la consulta soberanista del 2014 y la reiterada amenaza de que iba a celebrarse otro referéndum para legitimar la secesión unilateral. Aplicar el 155 les pareció tanto al PP como al PSOE y Cs durante mucho tiempo algo en extremo inconveniente. Tampoco se atrevieron a impedir legalmente que un fugado de la justicia (Puigdemont) o con causa abierta por delito de rebelión o sedición (Junqueras) pudiera presentarse a unas elecciones y evitar lo sucedido ahora. Si los partidos constitucionalistas no han querido obstaculizar que los desleales dirigentes separatistas jueguen con el Estado de derecho, es absurdo culpar a los jueces europeos de nuestras desgracias. Y si a eso se añade el increíble autogol del Supremo con la cuestión prejudicial, el resultado es un ridículo espantoso.