Primera pieza en el puzle presupuestario

Independientemente del objetivo final de conseguir que se desbloquee la situación política en Barcelona, Catalunya y España, el acuerdo anunciado ayer entre los Comuns y los dos partidos del Govern de la Generalitat –Junts per Catalunya y Esquerra– es una buena  noticia por sí misma: es imperioso que tras años de parálisis pueda salir adelante un proyecto de presupuestos de la Generalitat.

Se han acercado posiciones en lo que se refiere a los ingresos, por la vía de aumentar la presión fiscal, tanto en el IRPF como en sucesiones y en la creación nuevos impuestos, orientados a la transición ecológica o la limitación del consumo de bebidas azucaradas. Hay que decir que en las medidas inicialmente pactadas se ha impuesto la lógica de los Comuns y no la de los partidos que integran el Ejecutivo, que en su programa político culpan de la falta de ingresos de la Generalitat a lo que llaman el déficit fiscal y no a una fiscalidad injusta, que es la tesis que se ha aceptado.

Esta es una deriva compleja, porque esta mayor presión fiscal a las empresas asentadas en Catalunya podría afectar a su competitividad y, de rebote, limitar la creación de empleo. Los acontecimientos vividos desde octubre del 2017 invitan a dar incentivos para quedarse o para volver en lugar de fomentar la salida de capitales e inversiones. Algunas medidas acordadas serían menos lesivas si se tomaran en el marco español o europeo para evitar el dumping entre territorios.

Habrá que ver si persiste el pacto cuando la negociación llegue al capítulo del gasto. El perfeccionamiento de este acuerdo no será nada fácil. Los mismos protagonistas deberán también definir políticas en las que es posible que las divergencias ideológicas entre las tres partes se acentúen, no solo en el eje socioeconómico (defensa de las escuela y de la sanidad pública, por ejemplo) sino también en el nacional identitario (CCMA, acción exterior  o normalización lingüística, por citar algunos casos). Los modelos que defienden son contradictorios y también los intereses de quienes les votan.

Incluso si se zanjan estas diferencias, los presupuestos de la Generalitat podrían no seguir adelante si en paralelo no se produce un acuerdo sobre la investidura de Pedro Sánchez. Ese es el meollo de la cuestión. Los socios locales de Pablo Iglesias tendrán difícil asumir una contribución como esta, necesaria para mantener en pie al Ejecutivo de Quim Torra si, en paralelo, Esquerra no facilita la gobernabilidad en España. Más fácil parece, en cambio, que Ada Colau logre sacar adelante las cuentas del ayuntamiento, donde solo necesita el apoyo de uno de los dos partidos del Govern.

Esquerra parece decidida a jugar a la vez en estas tres pistas aunque será en Barcelona donde tenga más incentivos para hacerlo. Los más reticentes a toda esta maniobra son, sin duda, los dirigentes de Junts per Catalunya que ven desdibujados sus principios ideológicos al tiempo que Esquerra se afianza como líder del espacio independentista. Solo la necesidad de prolongar la vida de este débil gobierno de la Generalitat hasta que se aclare el futuro judicial de Carles Puigdemont para que sea candidato podría ayudarles a dar este complicado paso.