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Caso ERE

Los expresidentes Griñán y Chaves, ayer, en la sala de la Audiencia de Sevilla.

EFE / JULIA MUÑOZ

'Dura lex'

Javier Aroca

La sentencia es una impugnación total a una época en la que la arrogancia y la sensación de impunidad eran moneda corriente

Ha sido una sentencia durísima. De ella no se había producido filtración alguna, el juez ponente, aislado, no sacaba el 'pen' de su bolsillo. Primera enseñanza: son los jueces los que tienen en sus manos que haya o no filtraciones. No se filtró el fallo, sí los temores, las excusas, las previsibles consecuencias procesales y políticas.

Independientemente de la dureza de la penas, lo más grave es que la sentencia afirma un sistema concertado de ayudas sociolaborales sin procedimiento, sin reglas y opaco, cuyos responsables hicieron caso omiso a su obligación de actuar. Ello, sin perjuicio de que la misma sentencia considere que no hubo asociación ilícita, -con reproches al PP por su insistencia-, sino una mera “codelincuencia”.

Política clientelar

Habrá tiempo para una lectura minuciosa, pero destaca la proximidad con las peticiones de la fiscalía anticorrupción y la lejanía con el Tribunal Supremo que, en junio del 2015, no había considerado la malversación. Es relevante porque ahí, en el delito de malversación, es donde descansa la mayor gravedad de las penas impuestas; destaca la de seis años para el expresidente José Antonio Griñán.

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De nada ha servido señalar que ni Manuel Chaves ni José Antonio Griñán se llevaran ni un duro, ni que el PSOE no se haya financiado ilegalmente. Tampoco que de los 680 millones de euros, en diez años, más del 85% esté pacíficamente destinado a jubilaciones y ayudas a empresas que, por cierto, nadie pide devolver.

El meollo de la cuestión es que unos y otros, pudiendo evitar el desmán, no lo hicieran. Manuel Chaves dijo en su momento que era un procedimiento de ayudas relajado; como relajados estaban sus protagonistas políticos -los beneficiarios más obscenos vendrán luego en otras piezas-. Esto solo se comprende y es posible en una cultura política clientelar en la que la paz social tenía, entre otros objetivos -legítimos algunos-, retener cautivos del Gobierno a cientos de miles de andaluces. Un vicio incompatible con una democracia sana.

Un daño difícil de reparar

La sentencia no solo es dura con los condenados, lo es con un tiempo en el que el PSOE se sentía intocable. Es, así, una impugnación total a una época en la que la arrogancia y la sensación de impunidad eran moneda corriente.

Ahora vendrá el recurso ante el Tribunal Supremo que, si sigue con su misma opinión, no debería apreciar malversación y, por tanto, las penas podrían ser menores, pero eso no es excusa.

El tiempo juzgado es un tiempo nefasto, las clientelas e inercias políticas han causado un daño difícil de reparar en Andalucía. El bipartidismo languidece, la corrupción está más vigilada, pero la pugna entre PSOE y PP no va a cesar. Ya se piden dimisiones y extender la mancha a todo el socialismo. El PP aún respira por la herida, pero es difícil que un partido desalojado del Gobierno por corrupción y hasta el cuello en causas interminables, pongamos que en Madrid, provoque algo de credibilidad.

A pesar de todo, los ERE, con coste político, no son la Gürtel y sus derivados. Su capo mintió al Congreso y nunca dimitió, hubo que obligarlo a irse. Ni siquiera nos ha explicado nunca quién será ese misterioso M. Rajoy.