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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Sentencia del 'caso ERE': Griñán, 6 años de cárcel, y Chaves, 9 de inhabilitación

La Audiencia de Sevilla condena al primero por malversación y al segundo por prevaricación

El tribunal considera que Chaves y Griñán eran "plenamente conscientes de la ilegalidad del sistema"

Julia Camacho

Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE han sido condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán, con seis años de cárcel y quince de inhabilitación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación. / EFE VIDEO

Mazazo de la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. El tribunal presidido por Juan Antonio Calle Peña ha condenado al grueso de los 21 exaltos cargos por los delitos de prevaricación y malversación. Entre ellos se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que recibe una condena de 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y José Antonio Griñán, que recibe una condena de seis años de cárcel y otra de 15 años de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación continuada. 

Las mayores penas son para el núcleo duro de la Consejería de Empleo, donde se encuentran los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, además de los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero y sus sucesores en el cargo. Todos ellos han sido condenados a siete años de cárcel por un delito de malversación y penas de inhabilitación de entre 19 y 18 años de inhabilitación, en función del momento en el que llegaron a la Administración.

En el área de Hacienda y Economía, donde se enmarcan Griñán y la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, se han impuesto en parte las tesis de la fiscalía y los acusados son condenados a una pena de seis años de prisión por un delito de malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación, la mitad de la pena que reclamaba en este sentido el ministerio público.

El último grupo de imputados, la cúpula de la Junta de Andalucía conformada por Manuel Chaves, Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, que fue titular de Economía, la pena impuesta por el tribunal es de 9 años de inhabilitación por prevaricación.

El exinterventor Manuel Gómez ha logrado convencer al tribunal de que las alertas que lanzó sobre las irregularidades en el sistema de ayudas no fueron atendidas, y ha sido absuelto de todos los cargos, al igual que el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta.

Argumentos: Chaves y Griñán, "plenamente conscientes"

En su argumentación, el tribunal considera que Chaves era "plenamente consciente" de la "ilegalidad" del sistema para pagar las ayudas y de su implantación, una decisión de "gran trascendencia" que no puede ser achacable únicamente al responsable de Empleo o al de Economía y Hacienda. Y todas las modificaciones presupuestarias que se derivaron de ese descontrol de gasto también pasaron por el Consejo de Gobierno, de ahí que se le considere autor de un delito de prevaricación.

En el caso de Griñán, la Audiencia rebate su defensa de que desconocía el detalle de lo que ocurría. Considera que en calidad de consejero de Hacienda, conocía que las transferencias de financiación se iban a utilizar para pagar subvenciones, algo que aparecía mencionado en las propias memorias de los presupuestos. "Y siendo consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron", incrementando la partida 31-L de la que salían los fondos para las ayudas. Así, Griñán era "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad" de esas modificaciones, y asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados". También le reprocha que fue "destinatario de los informes de control financiero permanente de las empresas públicas" y "tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas en los mismos", sin que llegara a ponerles freno. 

En su argumentario, el tribunal señala que "la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos". 

Sistema que favoreció el "descontrol absoluto"

Así, la sentencia subraya que en el 2001 la Junta puso en marcha un convenio marco, que instauraba el sistema de transferencias de financiación para el pago de estas ayudas sociolaborales, que "supuso que no llegaran los expedientes al interventor delegado de la Consejería de Empleo, evitando así los reparos que pudieran plantear los interventores, como había ocurrido con anterioridad en varios expedientes".

Ese convenio, concluye el tribunal, fue el instrumento jurídico que "posibilitó a la Consejería de Empleo eludir los procedimientos legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, así como su fiscalización por la Intervención Delegada en dicha Consejería". Así, establece el fallo, las subvenciones sociolaborales se concedieron al margen del presupuesto e imposibilitando así su fiscalización previa, "lo que favoreció un descontrol absoluto". De esta forma, establece la sentencia, "las consecuencias económicas para los fondos públicos de la Junta de Andalucía fueron claras e importantes".

Un fallo de más de 1.700 folios

Chaves y Griñán y otros 19 exaltos cargos de su administración acaban de conocer la sentencia del caso de los ERE fraudulentos. A las 12 horas estaban citados en la Audiencia de Sevilla para conocer un fallo que supera los 1.700 folios y pone fin, en parte, a una investigación que se remonta a finales de 2010.

La denominada pieza política de los ERE, la primera de las 187 en las que se troceó la macrocausa de corrupción andaluza, supuso en la práctica un cuestionamiento a las políticas socialistas en Empleo en Andalucía durante más de una década, ya que dejaron entrever, como apuntó la acusación popular que ejerció el PP, que las ayudas públicas sirvieron para acallar los conflictos laborales de un periodo convulso y de paso, afianzar al PSOE en el poder. Eso si, pese a las críticas del PP y sus intentos por equiparlo al caso Gürtel, desde el primer momento quedó descartado que los políticos se hubieran enriquecido a título personal o que hubiera financiación ilegal del PSOEEl juicio, que se prolongó durante un año, quedó visto para sentencia hace exactamente once meses, el 17 de diciembre de 2018.

En su escrito final, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo su teoría de que la cúpula socialista articuló a propósito un sistema inadecuado y sin fiscalización para poder conceder ayudas sociolaborales y a ayudas directas a empresas en crisis de forma arbitraria y opaca. Así, atribuyó a todos los encausados un delito continuado de prevaricación, por el que pidió entre 10 y 30 años de inhabilitación. Además, para 15 de los acusados, entre ellos Griñán y las cúpulas de las consejerías de Empleo y Hacienda, añadió un delito de malversación con penas de entre 6 y 8 años de prisión.

Ese procedimiento se basó en las transferencias de financiación, mecanismo usado en las empresas públicas para financiar operaciones genéricas y que, como señalaron durante la vista oral los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), se usó de forma "indebida" e incluso "ilegal" por cuanto no se ajustó a la ley. Este uso inadecuado, al margen de cualquier fiscalización previa, permitió por ejemplo la aparición de personas ajenas a las empresas que acometían las regulaciones de plantilla, los conocidos como “intrusos”, o que muchas de las ayudas se dieran sin montar siquiera un expediente, a proyectos que nunca se llevaban a cabo o iniciativas encabezadas por dirigentes afines al PSOE. Llamativa resultó también la lluvia de millones con el que se vieron beneficiadas empresas de la comarca de origen del entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero.

No pusieron freno

Anticorrupción insistió durante el proceso en que ninguno de los altos cargos adoptó decisión alguna en el ejercicio de sus funciones “para poner freno” a ese procedimiento pese a los avisos de la Intervención General de la Junta alertando de las deficiencias e “irregularidades” en el pago de las ayudas. Al contrario, reprochó la Fiscalía en su escrito de acusación, siguieron engordando año tras año la partida presupuestaria de Empleo de donde salían las subvenciones sociolaborales o incluso añadiendo modificaciones presupuestarias.

En su declaración, los exaltos cargos se escudaron en que en ningún momento las alertas de la Intervención general de la Junta, cuyo responsable también se sienta en el banquillo, apuntaban a un posible menoscabo de fondos públicos, de ahí esa inacción. Y que además, el sistema fue aprobado en cada ejercicio por el Parlamento regional, por lo que la partida, que Guerrero llegó a denominar “fondo de reptiles”, era transparente y conocida por todos. Guerrero matizó esta denominación en su escrito final, rechazando la expresión, e incluso el exinterventor general reconoció que tras toda la información conocida desde que estalló el escándalo, "con los ojos de hoy" no se podría hablar de sistema irregular. No opinan igual los peritos de la IGAE, que mantienen la ilegalidad y concluyeron que nunca habían visto "tal cúmulo de irregularidades".