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Editorial

Tasas pendientes de los presupuestos

Las rebajas anunciadas dependen de una aprobación de las cuentas sin la que el Govern no puede continuar

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El Periódico

El Govern quiere rebajar un 30% las tasas universitarias, tal y como ha explicado Pere Aragonès. / FOTO Y VÍDEO: EUROPA PRESS

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este viernes la decisión de rebajar en un 30% el importe de las tasas universitarias en el curso próximo. Los precios de la educación superior en Catalunya son los más altos de España desde que, en lo más duro de los recortes del gasto público, el Govern de Artur Mas decidió ejecutar el incremento máximo previsto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (ante un abanico que preveía que los estudiantes sufragasen entre el 15% y el 25% del coste de sus estudios, la Generalitat optó por este 25%). Además, a diferencia de otras comunidades que han ido revirtiendo parte de ese encarecimiento en los últimos años, en Catalunya esa subida drástica (supuso que las matrículas se encareciesen un 67%) se ha mantenido sin otras modificaciones que unas becas de carácter paliativo para los estudiantes con rentas más bajas.

En los últimos años, los estudiantes y los rectores han protestado por el precio de las matrículas y por la infrafinanciación de la educación superior en Catalunya, en repetidas movilizaciones que no han contado con una recepción positiva y comprensiva por parte del Ejecutivo catalán. El recorte del 30% en los precios de la universidad es una noticia positiva, la respuesta necesaria y largamente esperada a una reclamación justificada. Incluso aunque la medida siga sin recuperar los precios previos a la crisis y aún queden por conocer numerosos detalles sobre cómo afectaría al precio de los másteres o las segundas y sucesivas convocatorias, que sufrieron una subida aún mayor, y si el Govern renuncia a sus intenciones iniciales de aplicar rebajas de precios solo en función de la renta familiar.

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Sin embargo, el mayor condicionante que pesa sobre el anuncio de Aragonès es que solo se llevará a la práctica si se logran aprobar unos presupuestos de la Generalitat para el 2020. La Administración catalana sigue adelante, más mal que bien, encadenando prórrogas de los presupuestos del 2017, ante la imposibilidad de aprobar nuevas cuentas, primero por la aplicación del 155 y después por la incapacidad del Govern de Torra para lograr los apoyos necesarios durante una estéril negociación en la que cayeron por la borda los proyectos de presupuestos del Estado, de Catalunya y de Barcelona.

Ahora la mayoría parlamentaria que apoya el Govern necesita que una hipotética convocatoria electoral en Catalunya no impida la negociación y aprobación de las cuentas (así pues, debería acelerar, bien estos comicios, bien la tramitación presupuestaria) y contar con el apoyo de los 'comuns'. Una vía que entra dentro de lo factible con la introducción de medidas sociales como la anunciada este viernes y la posición de ERC, provisionalmente de no bloqueo, ante los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque vistos los antecedentes, la inestabilidad política y las enrarecidas relaciones entre los socios de gobierno, tampoco puede descartarse un nuevo fracaso en la elaboración de las cuentas catalanas. De ser así, si el Ejecutivo de Torra demostrase otra vez más su impotencia para llevar adelante la medida más básica de una acción de gobierno, ya no habría excusa para llamar a las urnas y poner fin a una situación insostenible.