Punto y aparte (no punto final)

La publicación de la sentencia del 'procés' ha provocado un hondo impacto en amplios sectores de la sociedad catalana, más allá de quienes apoyan las propuestas independentistas. Condenas que suman casi cien años provocarán días de humillación, indignación y duelo. En este contexto desproporcionado, de consecuencias imprevisibles, intentar ver más allá es tan baladí como necesario. ¿Qué supondrá la sentencia para el viejo conflicto entre las históricas aspiraciones catalanas y la incapacidad de la mayoría de los gobiernos españoles de darles respuesta?

Quiero pensar que supondrá un punto y aparte. Un punto y aparte en un relato dominado por los traficantes de emociones. Por vendedores de humo que han prometido una independencia express que sabían inviable y por pirómanos de la derecha española que han atizado el conflicto para mantenerse en el poder. No podemos hablar de punto y final porque las penas no lo permiten, y porque las trincheras populistas cavadas durante esta última década son demasiado profundas. Pero puede que en unos días, pasados los momentos de mayor tensión, y pasadas las elecciones, podamos hablar de punto y aparte, aquel signo de puntuación intermedio entre el que cerraría la historia, impensable, y el que dejaría las cosas tal como están. Empezar un nuevo párrafo con el propósito de reconducir todo este desatino, devolver a la política su protagonismo y explorar propuestas de reconciliación.

Fuera de la razon y regla

Para que se abra esta posibilidad hace falta comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Al conocer la sentencia, la palabra que me ha venido a la mente es disparate, en el sentido literal de algo que está fuera de razón y regla. No me refiero solo a la decisión del Tribunal Supremo porque esta no es más que la culminación de un infinito estropicio colectivo. Hoy pienso en los responsables políticos de este desaguisado. Los de Barcelona y los de Madrid. Los que se han escaqueado detrás de los jueces y han mandado policías a aporrear gente convencida de que decidir es un derecho supremo, y los que han jugado con las palabras, han vulnerado el Estatut y han dividido la sociedad catalana en nombre de una causa que consideran absoluta. Un inmenso dislate que deja una Catalunya herida y humillada, y una España agriada y polarizada.

Es hora de reconocer que no son los ciudadanos, ni siquiera los jueces, los verdaderos responsables de esta situación. Son los políticos. Por acción o por omisión. Por lo tanto es a ellos a quienes corresponde ahora hacer propuestas, sin esperar el fallo del Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo. Ya sé que no es el momento de soluciones definitivas, pero bastaría con acordar las diferencias y ver la manera de gestionarlas para que se abra una nueva etapa. Basta con abrir el espacio de diálogo que nunca debió cerrarse. Sabiendo, eso sí, que la política no podrá con las emociones si el gobierno no tiene la voluntad y la fuerza para plantearse medidas de indulto. Una decisión impensable hasta que las elecciones nos digan cómo queda el nuevo parlamento.