Incertidumbres hasta el fin en el 'brexit'

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha retrasado hasta que faltaba menos de un mes para la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) para iniciar unas negociaciones 'in extremis' que eviten un 'brexit' abrupto. El plan de Johnson adolece, como el de su predecesora, Theresa May, de un defecto clave: carece del respaldo de una mayoría sólida en el Parlamento británico que debe ratificarlo, como evidenció el debate en la Cámara de los Comunes del 2 de octubre.

El plan tampoco cumple el requisito de la UE y del Gobierno británico de preservar el Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte de 1998. El Parlamento Europeo, que también debe ratificarlo, ya ha advertido que no es ni remotamente aceptable, porque no evita el restablecimiento de controles aduaneros con Irlanda. La cuestión norirlandesa es especialmente delicada porque la mayoría de los ciudadanos de la región votaron a favor de permanecer en la UE en el referéndum del 2016 (56%) y los partidos favorables a seguir en la UE sumaron la mayoría de votos en las elecciones europeas del 2019.

Johnson aprovecha el temor de sus socios europeos al coste socioeconómico de un 'brexit' abrupto para buscar un pacto a la medida de los conservadores británicos. Al mismo tiempo, intenta descargar sobre los Veintisiete toda la responsabilidad de un eventual desacuerdo, para poder justificar su objetivo de salir de la UE el 31 de octubre. Aunque ahora asegura al Tribunal de Escocia que pedirá un aplazamiento del 'brexit' si no hay acuerdo, la petición puede redactarse de tal forma que no se conceda. Johnson cree que unas elecciones tras el 'brexit' darían la victoria al Partido Conservador, antes de que se dejen sentir los efectos de la recesión que predicen los últimos indicadores.

El deseo de Francia y Alemania

Con Alemania ya probablemente en recesión desde este tercer trimestre, la cancillera Angela Merkel quiere evitar un 'brexit' abrupto que agrave sus dificultades económicas y empeore las perspectivas electorales de su partido democristiano (CDU). El presidente francés, Emmanuel Macron, también desea un acuerdo sobre el 'brexit' para que deje de paralizar a la UE.

El plan de Johnson es contradictorio y requerirá en la práctica un sistema de controles fronterizos en Irlanda, lo que va contra el Acuerdo de Paz de Viernes Santo y destruirá sus efectos positivos. El Acuerdo de Paz se construyó sobre la premisa de que Irlanda y el Reino Unido eran estados miembros de la UE, lo que permitía la supresión total de fronteras y la libre circulación sin controles de personas y mercancías. La salida del Reino Unido de la UE y su rechazo a seguir formando parte del Mercad Único y de la Unión Aduanera alteran radicalmente la ecuación.

La ausencia de Gobierno norirlandés desde enero del 2017 dificulta aún más encontrar una fórmula factible operativa. El colapso del Gobierno regional fue consecuencia de un escándalo de corrupción y despilfarro millonario de fondos públicos en el que estaba implicada la primera ministra norirlandesa, Arlene Foster, líder de los unionistas del DUP y actual sostén del Gobierno británico.

Johnson se distancia de May al proponer que Irlanda de Norte se alinee con las regulaciones de la UE en materia agraria y manufactura para hacer innecesarios los controles en las exportaciones de esos productos a ambos lados de la frontera, con lo que los controles fronterizos se realizarían entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sin embargo, la exigencia británica de que Irlanda del Norte deje la Unión Aduanera europea requiere inexorablemente restablecer controles aduaneros con Irlanda.

Contrabando

Los sistemas alternativos que plantea Johnson implican incertidumbres legales que la Unión Aduanera y el Mercado Único europeos no pueden permitirse y que fomentarán lucrativos negocios de contrabando, como señala Katy Hayward de la Universidad de la Reina de Belfast. Estas dificultades pueden exacerbarse en función de la relación futura del Reino Unido con la UE, que podría ser muy complicada si el Partido Conservador sigue con sus ideas de convertir el país en un paraíso fiscal y de la desregulación.

A diferencia de la red de seguridad defendida por la UE, la propuesta de Johnson está sometida a una incertidumbre adicional: el alineamiento regulatorio de Irlanda del Norte con Irlanda sobre productos agrarios y mercancías debe ser aprobado previamente por la Asamblea regional norirlandesa, paralizada desde hace casi tres años, y revalidado cada cuatro años, sin estar claro si los unionistas del DUP tienen poder de veto. Los embajadores de los Veintisiete analizarán el 9 de octubre si Johnson negocia de buena fe o si sólo busca poder culpar a la UE de intransigente y la cumbre europea del 17-18 de octubre será crucial.