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Editorial

Incertidumbre e inestabilidad política

Un Gobierno provisional deberá afrontar en plena campaña electoral la sentencia del Supremo y el cierre del culebrón del 'brexit'

El Periódico

El hemiciclo del Congreso, vacío, una vez que los diputados han abandonado sus escaños

El hemiciclo del Congreso, vacío, una vez que los diputados han abandonado sus escaños / EFE/ CHEMA MONTOYA

El próximo 10 de noviembre, cuando no se habrán cumplido ni siete meses de las elecciones generales del 28 de abril, los ciudadanos españoles volverán a ser llamados a las urnas después de que los partidos políticos no hayan sido capaces de lograr sumar una mayoría para investir un presidente del Gobierno con la configuración actual del Parlamento. No es la primera vez que sucede este bloqueo político –la misma situación se vivió en el 2016–, lo cual no hace más que contribuir a agrandar la brecha de desafección de entre la ciudadanía y sus representantes, uno de los males más preocupantes que aquejan al sistema político español.

Pero la desafección –que está por ver a quién afectará más en forma de factura electoral el 10-N– no es la única consecuencia de la incapacidad que han demostrado los líderes políticos de negociar, acordar y ejecutar una mayoría de Gobierno desde que se rompió el bipartidismo y la crisis catalana acabó con el tradicional papel de bisagra de los partidos políticos catalanes. La disolución de las Cortes y la perpetuación en el tiempo de un Gobierno en funciones (el que encabeza Pedro Sánchez está en esa condición desde febrero) supone que rige los destinos del país un Ejecutivo débil en medio de incertidumbres y en plena campaña electoral. Es en este contexto en el que el Gobierno tendrá que lidiar con asuntos como la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’, la resolución del culebrón del brexit el 31 de octubre y los nubarrones que se ciernen sobre la economía española y mundial. La calma, sentido de Estado y responsabilidad que requieren asuntos de este calado casan poco y mal con la pugna electoral y la provisionalidad del Ejecutivo.
 

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Legalmente, las diputaciones permanentes de Congreso y Senado tienen poderes efectivos en caso de urgencia. Un Gobierno en funciones puede aprobar y enviar decretos, también de urgencia, como demostraron las decisiones que el Ejecutivo de Sánchez tomó en la campaña electoral del 28-A en los bautizados como 'viernes sociales' del Consejo de Ministros. Pero cada una de estas decisiones llevará aparejada una tormenta política, como ha sucedido este sábado cuando el Ministerio de Hacienda admitió que está dispuesto a abonar a las Comunidades Autónomas los 4.500 millones pendientes de la actualización de las entregas a cuenta de este año los próximos días, antes del 10-N, cuando hasta ahora se argumentaba que un Gobierno en funciones no podía tomar decisiones de este tipo. En plena campaña electoral, cualquier decisión es vista por la oposición como electoralista y percibida por el Gobierno como una forma de afianzar su mensaje electoral para lograr la reelección.

La sociedad española necesita un Gobierno. Los partidos fracasaron después del 28-A, como lo hicieron con la repetición electoral del 2016. Algunos de los líderes que concurren al 10-N deberían tomarse estas elecciones generales como una última oportunidad. Los ciudadanos cumplirán con su responsabilidad de elegir a sus representantes, y estos deberán cumplir la suya, que no es otra que legislar y gobernar.