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Financiación territorial

La oposición acusa de electoralismo a Sánchez por el anuncio del pago a las autonomías

El Gobierno admite ahora que pretende abonar los anticipos del sistema de financiación antes del 10-N

El Ejecutivo catalán opina que en La Moncloa temen un fallo judicial contrario ante la demanda que interpusieron

Agustí Sala Rosa Maria Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. / JOSÉ LUIS ROCA

El Ministerio de Hacienda ha abierto la caja de los truenos al admitir ahora que está dispuesto a abonar cuanto antes a las comunidades autónomas los 4.500 millones pendientes de la actualización de las entregas a cuenta de este año. Y eso, agrega, puede llegar en días, incluso antes de las elecciones generales del 10 de noviembre (10-N).

La noticia, adelantada por 'El País', ha sido confirmada por este diario en fuentes gubernamentales que, aunque evitan precisar si esa entrega será en septiembre, admiten que será "pronto".

Entre quienes se han lanzado de inmediato a atacar el cambio de postura, además de toda la oposición del PP y Ciudadanosestá la Generalitat, convencida de que el Ejecutivo central teme el fallo ante la denuncia judicial que presentaron, según fuentes de la Conselleria d’Economia. Las mismas fuentes afirmaron que la demanda ya está presentada ante la Audiencia Nacional y «en Hacienda están preocupados por si se resuelve el recurso antes del 10-N».

La actual premura del Ministerio por atender la demanda autonómica  contrasta con la falta de urgencia de la que ha estado hablando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sus últimas comparecencias.

En el Senado y en el Congreso, Montero argumentó que, en la mayoría de los casos, no eran ciertas unas tensiones de tesorería que no iban a aparecer -según ella- hasta mediados de diciembre y que había tiempo para buscar una solución dentro de la legalidad.

La ministra se escudó en agosto en un informe de la Abogacía del Estado que era contrario a que un Gobierno en funciones pudiera ejecutar estos pagos. Aún así siempre añadió que estaba buscando una solución legal.

Hacienda no ha explicado cuál es el «resquicio legal» que ha encontrado para que, tras convocar elecciones, se pueda hacer algo que, según el informe de la Abogacía que esgrimió, no se podía hacer antes, con un Gobierno en funciones.  En todo caso, a estas alturas del año, con los comicios previstos el 10-N, los pagos que se lleven a cabo no afectarán al próximo Ejecutivo, ya que este no se constituirá hasta ya comenzado 2020, un nuevo ejercicio, entienden las fuentes consultadas.

«Eso demuestra que teníamos y tenemos razón en denunciar al Gobierno español por reneter irregularmente el dinero que nos corresponde», afirmó en tuiter el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Poco después fue el propio president Quim Torra quien criticó que Hacienda vaya a desbloquear «milagrosamente, al comenzar la campaña electoral» 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica. En Twitter reprochó: «Engaño tras engaño. Ministros que afirman tener informes que no tienen; chantajes porque hasta que no haya Gobierno no pueden pagar; y ahora aparece un resquicio».

La oposición también disparó desde todos los frentes. El primero en denunciar «la tomadura de pelo» fue el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

El propio líder del PP, Pablo Casado, dijo que era «inadmisible que el Gobierno pretenda comprar voluntades electorales con el dinero de los contribuyentes».

Varios barones populares criticaron el «electoralismo» del Gobierno. «Primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna», declaró en Twitter la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 

En la misma red social, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), se preguntó cuándo «creer» a la ministra: «¿cuando decía que no podía pagarnos o ahora que encuentra un resquicio porque hay elecciones?».

Ciudadanos se sumó a la crítica. «Sánchez y su Gobierno se están riendo de las comunidades autónomas. Se ríen de los consejeros de Hacienda y de los españoles. En el caso concreto de Madrid no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna comunicación por parte del Gobierno de España», dijo el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado (Cs).
Mucho más comprensivo fue el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, que tildó de «buena noticia» que Hacienda tenga previsto desbloquear en pocos días los 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta

Lo que dice la Abogacía del Estado

En un informe entregado a Hacienda el pasado 27 de agosto, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, la Abogacía del Estado deja claro que, desde su punto de vista, es ilegal que un Gobierno en funciones atienda el pago a las autonomías de los alrededor de 4.500 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica. 

"Por exceder el despacho ordinario de asuntos publicos no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas", concluye el citado informe,

En concreto, la Secretaría de Estado de Hacienda planteó esta extensa pregunta a la Abogacía del Estado: "¿Puede el Gobierno, en su actual situación de Gobierno en funciones, ejercer la iniciativa legislativa necesaria para poder efectuar la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para 2019, precisando mediante el instrumento normativo oportuno que las cifras de ingresos previos a la cesión a las Administraciones Territoriales a considerar en su cálculo pueden ser actualizadas con referencia a las previsiones tributarias para 2019 vinculada al ciclo presupuestario de dicho ejercicio en lugar de pivotar sobre las cifras de ingresos tributarios del ejercicio prorrogado 2018?"

Traducción libre de la pregunta: ¿Puede este Gobierno en funciones abonar a las autonomías los 4.500 millones adicionales que les corresponden en sus entregas a cuenta?

En su respuesta, la Abogacía del Estado recuerda que la ley determina que el Gobierno en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Y a partir de sentencias previas del Supremo, la Abogacía explica que "el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya"

Finalmente, tras analizar el caso en cuestión, llega a la conclusión de que "un Gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a las Comunidades Autónomas establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos". 

Estos son los argumentos que ha utilizado Hacienda hasta ahora para justificar la imposibilidad de liberar el pago de las actualizaciones a cuenta de las comunidades autónomas.

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