La banca vuelve a perder

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar dictaminó este martes, que el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) no es un índice transparente y que consecuentemente trasladaba a los jueces de este tribunal estudiar si es abusivo o no.

Como algunos lectores sabrán, el IRPH se obtiene calculando la media simple de los tipos de interés vinculados a los préstamos hipotecarios que las entidades financieras conceden a sus clientes, durante un determinado periodo de tiempo. Las discrepancias sobre su utilización siempre existieron y estas se profundizaron en el 2016, cuando el IRPH se estabilizó a valores próximos al 2% mientras el euríbor se acercaba al 0%, hasta situarse en porcentajes negativos, desde hace ya tres años.

Ahora, en el supuesto que el tribunal falle en el mismo sentido que su abogado general, escenario que se repite en el 67% de las ocasiones, la banca se enfrentará a como mínimo a dos graves cuestiones:

La primera, de difícil cuantificación, tiene que ver con la fuerte repercusión que implicará dicha decisión, en su ya erosionada imagen por conflictos como el de las participaciones preferentes, las ayudas públicas a la banca, los desahucios y las clausulas suelo. Romper esta tendencia debería ser uno de sus desafíos más importantes para los próximos años.

La segunda, con el impacto económico que dicha decisión pueda tener en los resultados de los bancos que concedieron este tipo de hipotecas. Aunque las cifras por una posible indemnización se desconocen con certeza, seguro que serán significativas, al haber mantenido casi un millón de créditos, durante dos décadas, referenciados a un índice considerado supuestamente abusivo y poco transparente en su negociación. A esto habría que añadirle el deterioro futuro de sus ganancias debido a que los bancos se verán obligados entonces a sustituir el índice IRPH por el euríbor, de inferior coste para el cliente y menor rentabilidad para el prestamista.

El Banco de España, como banco central nacional y supervisor del sistema bancario español, tiene ahora más motivos para estar preocupado, en el supuesto de una sentencia contraria a los intereses de la banca. El primero es la situación económica de los bancos cuando se aflore el coste real asociado a esta inseguridad de tipo legal. Esta variable junto con un contexto de márgenes reducidos, rentabilidades bajas y una posible desaceleración económica a nivel europeo añaden un escenario, por lo menos incierto, para el sistema financiero español.

El segundo, y que le afecta directamente, es la deslegitimación que en toda regla tendrá la institución por el hecho de que este dictamen considere un índice oficial, publicado por el supervisor y reglamentado administrativamente, como un índice opaco. Un escenario que deteriorará aún más la reputación del Banco de España, ya muy afectada por su responsabilidad directa en la anterior crisis financiera, tal como quedó evidente en el informe presentado en el Congreso de los Diputados.