Venta ilegal en Barcelona

Un abordaje integral del 'top manta'

La estrategia policial no puede ir dirigida a los manteros en tanto que criminales, sino como ejecutores de un delito económico como medio de subsistencia, el objetivo son las organizaciones que hay detrás

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Sonia Andolz

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Ante la creciente percepción de inseguridad en Barcelona y las llamadas al nuevo gobierno de la ciudad a actuar con inmediatez, el nombramiento del teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, supone un mensaje políticamente claro: el PSC se encargará de la gestión del ámbito. Tras unas primeras declaraciones muy criticadas desde muchos sectores, Batlle ha iniciado una campaña policial para frenar la venta ambulante en las calles de la ciudad. La estrategia del teniente de alcalde, a falta de poder conocer el desarrollo y las medidas concretas, empieza pues marcada de forma tradicional: criminalización del colectivo de manteros, críticas basadas en la imagen de la ciudad y respuesta policial. Nada nuevo ni que haya dado resultados hasta ahora. Tras este primer momento, parece que los también tenientes de alcalde y pesos fuertes en el PSC y 'comuns', Jaume Collboni Janet Sanz, toman las riendas del problema abordándolo desde una óptica más integral y llevándolo también al ámbito social.

Como otros fenómenos sociales –inmigración, medioambiente, energía o igualdad– hay una creciente securitización a nivel mundial: actores políticos o sociales presionan para que esos fenómenos, tradicionalmente sociales, económicos o sociológicos, entren en las agendas de seguridad. Hay muchos intereses en que eso ocurra y la problemática con la venta ambulante en Barcelona no escapa a esta dinámica global securitizadora. La situación de los vendedores requiere un abordaje integral: derechos sociales y laborales, pero también un abordaje policial, luchar contra las organizaciones criminales que proveen las mercancías falsificadas, organizan a los vendedores o les explotan. El vendedor, al final, es un medio de estas organizaciones. La estrategia policial no puede ir dirigida a ellos en tanto que criminales sino como posibles ejecutores de delito económico de bajo nivel como medio de subsistencia. El objetivo son las estructuras y organizaciones criminales que hay detrás y, en algunos casos, quienes sí cometen delitos de hurtos por las aglomeraciones que se producen en las zonas de venta.