La corrupción se combate con hechos

Ha pasado desapercibido el acuerdo del Govern del pasado 11 de junio para elaborar una «estrategia de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad pública». La presunta estrategia prevé detallar 25 actuaciones y proyectos concretos en el plazo de dos años. Agua de borrajas. Como todas las anteriores propuestas de lucha contra la corrupción anunciadas por la Generalitat. Mucho envoltorio para poco contenido.

En febrero del 2013, Artur Mas se encontraba acosado por una corrupción que amenazaba su reconversión al independentismo. El TSJC estaba a punto de imputar a Oriol Pujol. Acababan de detener el alcalde convergente de Sant Hilari y número dos de CDC en las comarcas gerundenses, Robert Fauria. El alcalde de Lloret, Xavier Crespo, posteriormente condenado, estaba pendiente de ser imputado por su colaboración con la mafia rusa. La Guardia Civil había detenido a la antigua cúpula de la sanidad catalana, el expresidente del ICS, Josep Prat, y el exdirector del CAT Salut, Carles Manté, en el marco del caso Innova.

Desviar la atención

La reacción de Artur Mas consistió en convocar una pretenciosa cumbre contra la corrupción para aprobar un paquete de 51 medidas. Salir del paso para desviar la atención. Artur Mas también se sacó de la manga la creación de una dirección para el programa que fue otorgado a la jueza Núria Bassols, que acababa de archivar la causa contra un alto cargo de CDC, Ferran Falcó, en el 'caso Adigsa' y casada con Josep Manel Bassols, jefe de campaña de Carles Puigdemont cuando optó a la alcaldía de Girona, y que, actualmente, se encuentra imputado en el sumario del 3%. El lobo cuidaba las ovejas. Nunca más se supo de aquellas 51 medidas anunciadas por Artur Mas. En cambio, hemos ido conociendo nuevos casos que afectan al partido de Mas y a su Govern. Nada que no haya pasado antes en los últimos 30 años en la política catalana.

La corrupción se combate con hechos; no con cumbres, medidas y cargos sin contenido. «La corrupción no es obligatoria», dijo el poeta estadounidense Robinson Jeffers. Cuando la corrupción está institucionalizada desde el mismo poder, como sucede en Cataluya desde hace décadas, todas las presuntas medidas correctoras son papel mojado. Más bien una tomadura de pelo al ciudadano.

La ausencia de compromiso del Govern contra la corrupción ha quedado demostrado con Oriol Pujol: 71 días de prisión por una condena de dos años y medio por robar 433.660 euros de dinero público aprovechándose de la prevalencia de sus cargos. Es como si Iñaki Urdangarín hubiera salido en libertad el pasado 30 de noviembre habiendo cumplido solo 5 meses y 12 días de prisión para su condena de casi seis años. El cuñado del Rey sigue en Brieva y el pequeño de los Pujol Ferrusola disfruta de un generoso tercer grado con la bendición del Govern (PDECat y ERC), y el silencio de la oposición, la CUP incluida. La Generalitat ha desaprovechado, intencionadamente, la oportunidad que tenía con Oriol Pujol para dar ejemplo contra la corrupción.

Cuando la corrupción está institucionalizada desde el mismo poder, como sucede en Catalunya desde hace décadas, las presuntas medidas correctorias son papel mojado

Tras décadas de corrupción en todos los niveles de la administración catalana, los únicos que lo han pagado son Fidel Pallerols y los hermanos Gavaldà por el mal llamado 'caso Pallerols', cuando en realidad era el 'caso Treball' (o Unió). Pallerols y Vicenç Gavaldà tuvieron que ingresar en prisión con condenas de solo siete meses cuando casi nadie entra en un centro penitenciario con penas menores a dos años. Y ninguno de los tres condenados tenía el poder político y la influencia de Oriol Pujol para ordenar decisiones que le beneficiaban. Fidel Pallerols era más víctima que culpable, a pesar de sus responsabilidades penales. Los responsables intelectuales del desvío de los fondos ocupacionales no se sentaron nunca en el banquillo de los acusados. Los esfuerzos instructores de la jueza Silvia López Mejía se volatilizaron en el Tribunal Supremo, cuando Catalunya todavía disponía de peso político.

No, no somos ni la Dinamarca del sur, ni una república avanzada. La capital de la República Checa, Praga, acaba de vivir la protesta ciudadana mayor desde la caída del comunismo. Más de 250.000 personas se han manifestado para exigir la dimisión del primer ministro checo, Andrej Babis, acusado de corrupción por un fraude con fondos europeos. Aquí, que ni siquiera nos manifestamos por el deterioro de los servicios públicos y sociales, el retroceso del sistema sanitario o el coste de las tasas universitarias, la corrupción goza de absoluta impunidad política y social. En materia de corrupción, somos latinos.