Por una buena regulación de los alquileres

La regulación de alquileres impulsada por la Generalitat ha generado un rechazo unánime por parte del Sindicat de Llogaters, de los ayuntamientos más afectados por la subida de los alquileres y de los diferentes partidos que conforman el Parlament. Esta respuesta contrasta con el amplio apoyo que recibió en su momento la ley contra la emergencia habitacional, ley 24/2015. Una ley que por primera vez corresponsabiliza a los grandes propietarios a aportar soluciones a la crisis habitacional.

La clave del éxito fue el liderazgo ciudadano, ejercido por unas entidades expertas en la lucha por el derecho a la vivienda, que consiguieron arrastrar a los partidos para aprobar un texto, ambicioso y efectivo, que muchos de ellos nunca se 'habrían imaginado votando a favor.

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Un Decreto de alquileres que no funciona. A pesar del sobreesfuerzo económico que ya hacen las familias arrendatarias, la propuesta del Govern consiste en permitir nuevos incrementos de hasta un 15% sobre los precios actuales. Además, las familias que quieren seguir viviendo en el mismo piso quedan fuera de la regulación. En el caso de los pisos nuevos y las fincas sometidas a grandes rehabilitaciones, impulsadas normalmente por grandes propietarios o fondos de inversión, los alquileres podrían incrementarse hasta un 20%. Otra carencia importante es no prever ningún procedimiento efectivo para sancionar incumplimientos de la ley. Es por todo ello que el Sindicat de Llogaters calificó la norma como Decreto Farsa.

¿Y entonces? ¿Qué perseguía realmente el Decreto? Estamos ante un decreto hecho deprisa y mal. Impulsado por una 'conselleria' de ERC en la recta final de la campaña de las municipales, sin contar ni con las entidades y movimientos sociales que llevan años liderando la lucha por el derecho a la vivienda en Catalunya, ni tampoco con los ayuntamientos, aunque sean las instituciones que deberían aplicar la norma. El contenido del texto deja al descubierto lo que desgraciadamente parece evidente: no se pretendía resolver un problema, se pretendía incidir en la campaña de las municipales.

Liderazgo ciudadano para pinchar la burbuja. Es evidente que los ayuntamientos necesitamos nuevas herramientas legales, valientes y efectivas, que estén a la altura de la situación. Hace tan solo dos semanas, en Berlín y en Nueva York, grupos políticos progresistas y entidades vecinales cerraban acuerdos para superar la contención de rentas apostando, temporalmente, por mantener los precios de los alquileres allí donde han llegado al límite. Es más, ambas establecen la obligación de bajar precios cuando son claramente abusivos e introducen fuertes sanciones en caso de incumplimiento.

En Catalunya también tenemos experiencia en impulsar regulaciones osadas que atacan la especulación como la ley por el derecho a la vivienda de Catalunya de 2007 y la medida aprobada en Barcelona que obliga a dedicar un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida .

Para acabar con los alquileres abusivos necesitamos políticas valientes que escuchen a las personas, entidades y administraciones más afectadas e incorporar las medidas más avanzadas que tienen lugar en los países de nuestro entorno.

*Concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona.