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El juicio del 'procés'

Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, durante una intervención en el Tribunal Supremo.

EFE

El último cartucho de la defensa

Jordi Nieva-Fenoll

En esta fase del juicio las soflamas políticas sobran, y solo influirá sobre el tribunal quien no lo aburra ni incomode

Los hechos que pueden servir de base a una sentencia solamente son los que han podido introducirse durante la práctica de la prueba. Tras la misma, en casi cualquier proceso acostumbra a establecerse una fase de conclusiones en la cual los abogados intentan interpretar la actividad probatoria del modo que mejor les conviene para su defensa, intentando contagiar con su versión el parecer de los jueces. Es también una fase en la que pueden transmitir al tribunal sus conclusiones sobre el derecho y jurisprudencia aplicables.

Es, por tanto, la fase de mayor complicidad de los abogados con los jueces. Se trata de una comunicación entre juristas en el que cual se hablan con su lenguaje, puesto que nada de lo que digan tendrá trascendencia alguna en la sentencia si no posee ese tecnicismo que ayuda al tribunal. Por mucho ruido mediático que puedan provocar otro tipo de consideraciones más bien sociológicas, lo único que acaba siendo importante para un tribunal en esta etapa final son las consideraciones técnicas.

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Siendo así, lo lógico es que consistieran en un debate abierto entre juristas, y no en discursos prefabricados que, por brillantes que sean, suelen demorarse demasiado en el tiempo como para que el tribunal preste toda su atención a los mismos. En este estado del proceso los jueces suelen ya tener bastantes claras sus ideas y, por ello, sería útil que el tribunal les planteara a los abogados sus conclusiones provisionales y sus dudas antes de la redacción de la sentencia. Pero no suele ser así. Al contrario, como si una sentencia hubiera de ser un misterio de misterios, los tribunales acostumbran a guardar absoluto silencio y total hieratismo en su expresión. Y ello no tiene sentido alguno, porque siendo así no existe comunicación bilateral entre los jueces y los abogados, lo que no contribuye a que se extraigan las mejores conclusiones.

Es lamentable que sean las cosas de ese modo, pero es una realidad en buena parte de los tribunales del mundo. Intentan con ello los jueces guardar una imagen de imparcialidad en un momento en que, habiendo visto ya toda la prueba y conociendo como conocen el derecho, su imparcialidad ya está completamente perdida, como es lógico. En esta fase ya han tomado partido y saben qué sentencia tienen en la cabeza. Otra cosa es que en los tribunales pluripersonales, como el Tribunal Supremo, oírse unos compañeros a otros durante la deliberación les haga cambiar de opinión. Pero de entrada, en este trámite de conclusiones ya es imposible que no tengan una opinión clara sobre el caso.

La última oportunidad

Otra cosa es que la puedan cambiar, lo que es muy difícil pero no imposible. La última oportunidad para ello de los abogados es precisamente este trámite de las conclusiones. Deben ordenar muy bien la materia para que el tribunal visualice una sentencia razonable. En un proceso penal es más sencillo, dado que el Código Penal es una exposición que intenta ser bastante taxativa -complementada por la jurisprudencia- de lo que quieren castigar las leyes. Basta seguir su pauta e ilustrarla con los hechos que han podido quedar probados, porque lo que busca el Código Penal es justamente eso: hechos que conformen directamente la situación que se considera ilícita y por ello sancionable.

En ese contexto, sobran las consideraciones políticas, que quizás en otros contextos puedan tener un sentido, pero que solo introducen ruido ideológico y mediático en la mente de los jueces. Cuando los procesos están perdidos de antemano porque el tribunal es corrupto, tienen sentido esas defensas teatralizadas, porque poco más puede hacerse que buscar un escándalo que influya a instancias -sobre todo internacionales- que, directa o indirectamente, puedan ayudar al reo. Cuando no es así, y en el caso que nos ocupa no es así, las soflamas políticas sobran, incluso cuando las hacen los acusados, porque no sirven ni a su defensa ni a su causa. Y en el mundo de hoy -diferente era en el mundo de los años cincuenta- existen altavoces ideológicos muchísimo más potentes que un alegato ante un tribunal.

En consecuencia, se trata de que los abogados hagan su trabajo de juristas y nada más, y tampoco nada menos, porque no es trabajo fácil, como ya he dicho: despertar la atención de un tribunal inexpresivo y silente que solo escucha durante largas horas, lo que hace difícil que sus jueces mantengan la atención durante todo el rato. Solo quien consiga interesar a los jueces conseguirá el objetivo. No quien les aburra o incomode.