Condena y sombras en el Caso Maristas

Joaquim Benítez, el exprofesor de educación física del colegio Maristas de Sants-Les Corts, ha sido condenado a 21 años y 9 meses de cárcel por los abusos cometidos a exalumnos entre el 2006 y el 2010. Además, la Audiencia de Barcelona considera a los Maristas responsables civiles subsidiarios y su aseguradora deberá afrontar el pago de la indemnización a las cuatro víctimas, un total de 120.000 euros.

La condena es contundente. Las sombras arrojadas sobre los Maristas, a los que la resolución atribuye “una conducta imprudente” y “falta de control”, son importantes. Pero, aun así, queda la amarga certeza de que no se han sentado en el banquillo todos los culpables. Un Código Penal que juega a favor de los depredadores ha liberado de ser juzgados a muchos de los denunciados por las 43 personas que habían estudiado en las escuelas maristas de Barcelona y Badalona. En la actualidad, las faltas contra la libertad sexual a víctimas menores de edad prescriben a los 10, 15 o 20 años, según la gravedad del abuso, a contar a partir de que la víctima cumple los 18 años. Un periodo de tiempo muy limitado para unos delitos que las personas tardan en asimilar. Es de esperar que el nuevo Ejecutivo tire adelante la ley de protección de la infancia que debería alargar el plazo de prescripción hasta 15 años a partir de que la víctima cumpla 30.

La confesión de Benítez a EL PERIÓDICO inició un trabajo de investigación que desveló el mayor escándalo de pederastia escolar conocido en el país y desató un alud de denuncias que afectan a colegios de diferentes órdenes religiosas. Casos que habían sido silenciados por un mismo patrón de ocultación. Por vergüenza, por errónea culpabilidad o, simplemente, por supervivencia, muchas víctimas habían callado hasta ahora los abusos sufridos. La rendija abierta a tanta oscuridad ha permitido que se sientan acompañadas en su dolor y ha ayudado a sensibilizar a la sociedad.

Ya hay sentencia para Benítez, pero el caso no está cerrado. Es una cuestión de justicia que las diferentes órdenes religiosas ensombrecidas por las denuncias se comprometan con la reparación de las víctimas y la denuncia de posibles casos futuros. También debe abordarse un debate sereno, pero comprometido, sobre la política de subvenciones públicas a centros educativos. La sociedad en su conjunto debe asumir su responsabilidad moral.