Presos de las palabras

El Gobierno de Pedro Sánchez fue incapaz de lograr un acuerdo político para aprobar su proyecto de Presupuestos generales del Estado para el 2019 con las fuerzas políticas que le habían apoyado en la moción de censura que acabó con el mandato de Mariano Rajoy. O, visto por el reverso de la moneda, los partidos que facilitaron la salida del PP del Ejecutivo no lograron pactar con el PSOE unas cuentas públicas que habrían evitado un adelanto electoral.

Quizás ocurrió porqué la mayoría de estas fuerzas consideraron que les salía más a cuenta medir su poder en las urnas que mantener a un Gobierno que tampoco era el suyo y que podría consolidarse en esos meses. Eso ya se verá según cual sea el veredicto de las urnas. Pero en este interín, que no se sabe cuanto tiempo puede durar, los perjudicados han sido los ciudadanos porque se han retrasado o no se han adoptado medidas presupuestarias que sin duda les hubiesen beneficiado. La estrategia política ha vuelto a pasar por delante del interés general. Aunque algunos podrán argumentar lo contrario, asegurando que precisamente el interés general se defenderá mucho mejor con un Gobierno más consolidado que el actual. Veremos. 

Una vez más, los políticos parecen presos de las palabras. Unos no aceptaron aprobar los Presupuestos porque no hubo previamente un pronunciamiento a favor de la liberación de los dirigentes de la Generalitat, Omnium y la ANC encarcelados, y los otros se negaron a cualquier tipo de gesto en este sentido para no aparecer como rehenes de los independentistas. Pero, pasadas una semanas, y sin que hayan cambiado esas posiciones, el Gobierno socialista ha ido aprobando las principales medidas sociales incluídas en  el frustrado proyecto de cuentas públicas del 2019 mediante decretos que posteriormente han obtenido en el Congreso los mismos apoyos que la citada moción de censura. Entre estas iniciativas destacan la ampliación del permiso de paternidad; las nuevas ayudas a los inquilinos y normas para ampliar la duración de los contratos de alquiler; la subida del salario mínimo interprofesional (SMI); el inicio de la liberalización, con limitaciones, de la estiba o el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Hubiésemos ganado muchos meses con unos presupuestos aprobados, que además incluían otras medidas que beneficiaban a las autonomías, y concretamente aumentaban las inversiones en Catalunya. 

Muchas veces se pierden oportunidades por puro nominalismo. Si en lugar de llamar estructura de Estado al proyecto de una agencia tributaria de Catalunya con muchas más atribuciones que la actual, se le hubiese nombrado modelo de equiparación del fisco catalán con los máximos vigentes en otras autonomías del régimen común, nadie se habría escandalizado. O sí, vista la experiencia del Estatut de Catalunya, amputado por el Constitucional, pero con artículos calcados vigentes sin problemas en otras comunidades.