Huida de los servicios públicos

La salida a la calle de la 'España vaciada' ha sacado a la luz pública la exclusión de las personas que viven en comunidades rurales y en pequeñas villas y pueblos del acceso a servicios públicos fundamentales como la salud y la sanidad, la educación, la conectividad a internet o los servicios bancarios de proximidad indispensables para mantener la inclusividad financiera. Esos servicios son fundamentales para el disfrute de la ciudadanía moderna.

Pero siendo grave, este problema no es exclusivo de las comunidades rurales. Ocurre algo similar en las ciudades grandes y medianas. Las listas de espera en sanidad, la segregación en la escuela pública o la imposibilidad de acceso a una vivienda de alquiler social son tres ejemplos. El cuidado y educación de los niños en hogares de escasos recursos se resiente. Además, estas carencias impiden la emancipación de los jóvenes. En el ámbito urbano, el problema es inverso al de las comunidades rurales: en vez de marchar, los jóvenes tienen que permanecer en casa de sus  padres.

Insuficiencia prespuestaria y déficit de gestión

¿Cuál es la causa de este deterioro? La primera es la insuficiencia presupuestaria y los déficits de gestión de estos servicios. Pero a esta causa se le suma otra que, a mi juicio, es aún más perturbadora. Las clases medias acomodadas, y la nueva clase media aspiracional formada por jóvenes profesionales, están huyendo de servicios públicos como la educación y la sanidad pública.

Las clases
medias
acomodadas, y la formada por jóvenes profesionales, están huyendo de la educación y la sanidad pública

Hace unos años, al final de una conferencia en Lleida, vino a saludarme una exalumna de mis cursos en la Universidad de Barcelona. Era profesora universitaria y su marido un profesional de la abogacía. Me dijo que habían decidido mantener a su hija en la escuela pública, a pesar de que la calidad de la enseñanza se estaba viendo afectada por la presencia cada vez más numerosa de inmigrantes. Pero se lo estaban replanteando, porque consideraban que su ideología progresista podía perjudicar las oportunidades futuras de su hija.

Otra huida es la que protagonizan los profesionales de estos servicios. El caso es especialmente preocupante en la sanidad. La crisis se ha llevado por delante uno de cada cinco euros sanitarios. Más de la tercera parte de ese recorte de gasto ha sido en personal (reducción de salarios, recorte de plantillas y congelación de plazas). La partidas de formación profesional también se han reducido considerablemente. El resultado es el abandono y el envejecimiento de plantillas.

Ejercer la protesta y la presión

¿Por qué esta huida es una muy seria amenaza para los servicios públicos fundamentales? Porque las clases medias son esenciales para el mantenimiento de un Estado social de calidad. La clase media tiene “voz” y capacidad para reaccionar al deterioro de los servicios públicos. Lo mismo que sucede con los servicios de cualquier empresa privada, sin clientes exigentes las organizaciones se deterioran. Las grupos sociales de menores ingresos y formación no tienen esa capacidad de “voz” para ejercer la protesta y la presión. Pero sufrirán, en mayor medida, el deterioro.

Sin una clase media exigente, no existirán servicios públicos universales de calidad. De continuar esta huida, servicios como la sanidad y la educación pública se convertirán en servicios asistenciales y de beneficencia para personas sin recursos. Veremos entonces la cronificación de la desigualdad y la pobreza. Los efectos también se notarán en el dinamismo de la economía. Porque como están volviendo a redescubrir los economistas, el tercer pilar de la prosperidad de un país es la salud de sus comunidades.

La situación de la Generalitat

El deterioro de los servicios públicos fundamentales es un problema general a toda España. Pero, tengo para mí, que es aún más intenso en Catalunya. Los efectos de la ausencia de un Gobierno efectivo de la Generalitat están siendo dramáticos en este terreno. Sin embargo, como a corto plazo no se aprecia, no hay una reacción adecuada. Pero esta dulce decadencia en que ahora vivimos acabará pasándonos una elevada factura.

¿Qué hacer? Además de mejorar recursos y organización de los sistemas educativos y de salud, hay que repensar las exenciones fiscales al gasto privado en sanidad, en educación o en vivienda. Hay que analizar también si los mecanismos de educación concertada son inclusivos o, por el contrario, acentúan la segregación social. Hay que ampliar el margen para innovación desde abajo. Hay que preguntarse que sentido tiene seguir manteniendo a los funcionarios públicos en Muface, fuera del sistema nacional de salud. Y, ante todo, las clases medias han de ejercer su “voz” e implicarse de forma directa en la mejora de los servicios públicos, resistiendo la tentación de huir.