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Editorial

El 'caso Maristas', a juicio

Tras décadas de sufrimiento, llega el momento de reparación de las víctimas y de asumir la responsabilidad moral colectiva

Pintada en la pared del colegio de los Maristas de Sants de Barcelona en contra la pederastia, en febrero del 2016.

Pintada en la pared del colegio de los Maristas de Sants de Barcelona en contra la pederastia, en febrero del 2016. / JULIO CARBÓ

Este lunes se inicia el juicio al exprofesor de educación física del Colegio de los Hermanos Maristas de Les Corts Joaquim Benítez por abusos sexuales a alumnos. Su confesión a EL PERIÓDICO hace ahora tres años inició un trabajo de investigación periodística que desveló el mayor escándalo de pederastia escolar conocido en el país. A raíz de las publicaciones de este diario, numerosos antiguos alumnos se animaron a denunciar los abusos y agresiones sexuales sufridas. Hasta 43 personas que habían estudiado en las escuelas maristas de Sants-Les Corts y del Eixample, también de Champagnat de Badalona, presentaron denuncias contra 12 profesores y un monitor escolar. 

Joaquim Benítez se sentará en el banquillo, pero ni estarán presentes todas sus víctimas ni tomarán asiento junto a él todos los culpables. Un código penal que juega a favor de los depredadores ha hecho posible que la mayoría de los delitos del caso Maristas haya prescrito. En la actualidad, las faltas contra la libertad sexual a menores de edad prescriben a los 10, 15 o 20 años a partir de la comisión del delito. Los plazos empiezan a correr a partir de que la víctima cumple los 18 años. Un periodo de tiempo muy limitado para unos delitos que las personas tardan en asimilar y en tomar conciencia de su dimensión criminal. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó el 28 de diciembre un anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia que alarga 12 años el plazo de prescripción y que empieza a contar cuando la víctima cumple 30. Sin duda, es un gran paso adelante en la protección de menores que es de esperar que siga adelante con la constitución del nuevo Ejecutivo. 

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Más allá de lo que ocurra en la Audiencia de Barcelona, cabe asumir un debate sereno, pero comprometido, con la política de subvenciones públicas a estos centros educativos religiosos donde han existido abusos. Durante décadas, el silencio cómplice de los Hermanos Maristas favoreció la impunidad de los depredadores y, por tanto, multiplicó el número de víctimas. Lamentablemente, su modo de actuar no fue exclusivo. La eclosión del caso ha desatado un alud de acusaciones, de denuncias y de dolor que ya no admite ser callado. Casos que abarcan décadas de sufrimiento regidas por un mismo patrón de ocultación por parte de las diferentes órdenes religiosas. Ahora, llega el momento de la reparación de las víctimas y de asumir la responsabilidad moral colectiva.