Decretos de última hora

El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a demostrar que se puede adoptar otra política muy distinta a la de su predecesor, sin saltarse excesivamente las exigencias europeas. O como mínimo, con saltos similares a los del Ejecutivo del Partido Popular, que fue llamado al orden presupuestario por las autoridades europeas en más de una ocasión. El gabinete socialista apura su existencia para aprobar decretos de última hora cuando aún no es un gobierno en funciones (lo será cuando se hayan celebrado las elecciones) y casi habrá adoptado más medidas de calado en este periodo final que a lo largo de su corto mandato.

El uso de los decretos leyes en esta fase final puede considerarse un arma de doble filo. Por un lado sirve como ejemplo de que se gobierna para atender a las necesidades reales y urgentes de diferentes colectivos sociales o para acometer reformas exigidas por amplias capas de la población que no lograban una respuesta concreta. Pero a la vez, si realmente se ponen en marcha, serán también una constatación de que era posible mantener durante bastantes meses más este Gobierno en activo, sin necesidad de un nuevo adelanto electoral.

Muchas de las iniciativas que se han aprobado estas últimas semanas formaban parte o bien del fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019, o de los casi cerrados acuerdos en mesas diversas de negociación, como la del diálogo social. Otras, aunque se hayan aprobado ahora, no se aplicarán en su totalidad hasta el próximo año o incluso el siguiente, como en el caso del famoso permiso de paternidad. Pero ahí está, y el que venga después deberá retratarse si decide retirarlo o modificarlo, un problema que no tendría si ahora no se hubiese aprobado.

Otras decisiones polémicas de este Gobierno de última hora tienen a su favor el aval, e incluso la exigencia, de la Unión Europea. El Ejecutivo del PP hizo un ejercicio de dejadez en este sentido, y situó a punto de las multas millonarias al Estado español por no trasponer directivas europeas ni siquiera tras varias advertencias e incluso aperturas de expedientes de sanción. En estas materias, es difícil oponerse a posibles decretos leyes que tiendan a solucionar el problema.

Una de las últimas medidas obligará a las empresas a registrar el horario concreto de inicio y finalización de la jornada laboral de cada trabajador. Además se considerará infracción grave incumplir esa obligación. Se aclara así una discrepancia que había en la actual legislación y que facilitaba a la práctica que se estén haciendo miles de horas extras sin remunerar, con lo que esto supone de merma para los trabajadores y para las arcas de la Seguridad Social. A veces hay pasos que parecen pequeños pero que permiten avanzar mucho, en este caso contra la precariedad laboral.