Siete jueces

El más conocido trabalenguas en lengua catalana habla de 16 jueces que comen el hígado de un ahorcado. La intención de la frase es simplemente confundir al que la pronuncia, pero con la misma se pueden hacer metáforas. Entre ellas, que todos los jueces tienen que tragarse alguna vez un sapo a la hora de dictar sentencia, y de enormes dimensiones algunas veces, como la presente.

Comienza un proceso que, según se dice, será histórico. Es muy conocido que Marx, completando a Hegel, afirmó que los grandes acontecimientos históricos se repiten dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa. En este caso existe un tremendo paralelismo con el proceso celebrado en Madrid en 1935 frente a Lluís Companys y su Gobierno ante el Tribunal de Garantías Constitucionales –el antecedente del actual Tribunal Constitucional–, por haber proclamado el “Estado Catalán de la República Federal Española” con voluntad manifiesta y armada de retención del poder. El proceso acabó en junio de ese año con sentencia condenatoria, adivínenlo, por rebelión. La pena fue de 30 años y la sentencia no fue unánime en absoluto. Companys, preso, se presentó a las elecciones del año siguiente, que ganó, y fueron amnistiados él y su gobierno para evitar males ciudadanos mayores en febrero de 1936. En julio estalló la guerra civil.

Se diría que la “versión tragedia” de la historia ya está agotada con los hechos anteriores, lo que conduciría a pensar que ahora estamos ante la “versión farsa”. Algunos elementos no faltan para sustentar tal opción, y tampoco la contraria. Y es que el riesgo de que la tragedia se repita de un modo u otro es mejor no ignorarlo con presunciones intuitivas, pero sin ninguna base científica, como la de Marx.

Los siete jueces tienen que trabajar con ese trasfondo, que no es nada fácil. Muchos querrán influir en ellos a través de la prensa, en los pasillos del Tribunal Supremo y hasta en su vida cotidiana en los momentos de ocio o incluso de recogimiento en el hogar. Pocos resistirán la tentación, que todos los que se les acerquen tendrán, de comentarles el tema, aunque solo sea por curiosidad. Por supuesto, lo que oigan de esos curiosos les influirá. Son seres humanos.

Pero recibirán más presiones, muchas más. Personas relevantes les contactarán, directamente o por persona interpuesta, para que hagan esto o lo otro. De algunas de esas presiones quizás tendremos alguna constancia, pero la mayoría serán veladas y, siendo sinceros, es casi imposible que no se produzcan. Si los ciudadanos particulares que se les acercan difícilmente resistirán la tentación de hablar de ello, imagínense aquellos que piensen que de lo que allí se decida depende esto o aquello en las elecciones, en la gobernabilidad del Estado, en el bien del país, en la paz pública, etc, etc.

Hasta puede haber algún magistrado más locuaz de la cuenta, con la prensa o con los allegados, que ante el peso enorme de todo lo indicado –la historia, el Estado, las presiones de la alta política– decida hablar de vez en cuando para liberar un poco la tensión, lo que hará que su interlocutor, nuevamente, le influya. Y finalmente está su propia ideología, que en un juicio como este puede tener una influencia poderosa, aunque no debiera tenerla en absoluto.

Discreción y rigor jurídico

En realidad, la única protección de esos jueces estará en la discreción, la seriedad y el rigor jurídico. Cualquier banalización de lo que juzguen, comportamiento inadecuado o resbalón técnico será valorado durísimamente por todos los observadores, como ya le ocurrió al magistrado instructor con su relato de la “rebelión” ante la justicia alemana, o con sus inopinadas declaraciones públicas en foros variopintos, o visitas a eventos sociales habituales en cualquier persona, pero que en él se pusieron bajo una enorme y aplastante lupa. Lo mismo les va a ocurrir, se quiera o no, a estos siete jueces.

Con todos estos elementos, no les va a ser nada fácil cumplir su misión debidamente. El proceso va a ser largo, quizás más de lo esperado, porque la entidad de la prueba solicitada y admitida es enorme, hasta quizá excesiva para unos hechos en buena medida notorios, y que solo están huérfanos de una calificación jurídica objetiva y no pasional. Y es que eso es lo único que unos y otros esperamos del Tribunal Supremo. Una sentencia que determine con precisión total y sin tergiversaciones los hechos probados, y que aplique con absoluta corrección el derecho. En definitiva, una sentencia justa.