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Análisis

Pintada en la pared del colegio de los Maristas de Sants de Barcelona en contra la pederastia, en febrero del 2016.

JULIO CARBÓ

Ante los abusos sexuales a menores, no hay que mirar para otro lado

Antonio Andrés Pueyo

Los responsables de las entidades que gestionan alguna faceta del desarrollo infantil son conscientes de la realidad de la pedofilia, pero además tienen que saber que se puede detectar y se debe intervenir

Los abusos y las agresiones sexuales sobre los niños, adolescentes y discapacitados no son una epidemia, pero tampoco son un suceso excepcional. Su frecuencia es todavía elevada a pesar de su tendencia es a la baja. Quizá no es la imagen que tenemos. Todo lo contrario. Estos delitos suceden allí donde se encuentran los niños: en las familias, las escuelas, los lugares de ocio, los centros deportivos, las instituciones que acogen a menores, etcétera y, por tanto, en todos estos contextos es necesaria una prevención propositiva para eliminar este tipo de violencia. Legalmente la gran mayoría de estas conductas son calificadas como delitos y se condenan con penas de reclusión y otras similares. Todos los operadores sociales, jurídicos y sanitarios que se enfrentan con esta realidad saben que la prevención es la mejor, quizás la única, manera de evitar víctimas y por tanto las consecuencias dañinas que producen dichos comportamientos. Este problema no es nuevo, pero hoy está mejor visualizado que tan solo hace 30 años.

Las sociedades modernas han asumido la defensa de los derechos de las personas y, los abusos sexuales son causas evitables de la vulneración de esos derechos. En general, podemos decir que las autoridades han asumido la exigencia de una intervención eficaz para acotar este problema. Actualmente el Gobierno está tramitando una nueva ley para proteger a los menores de las violencias que les afectan específicamente como grupo. Esta ley se unirá a muchas otras que tienen una misma finalidad, la protección de los niños.

Pero entre las leyes, los reglamentos, las normas y el día a día de las personas hay mucha distancia. Los responsables, o muchos de ellos, de gestionar los entornos en que se atiende a los niños no tienen ni la preparación ni la disposición específica que requiere la prevención de la violencia sexual contra los menores. Y estas dos condiciones, junto con los recursos adecuados, son esenciales para llevar a cabo una buena prevención. No es extraño que los responsables de la Iglesia, de los colegios o de las federaciones deportivas – por mencionar los lugares donde suceden y descubren estos sucesos - no hayan tenido la eficacia de intervenir de una manera directa en casos en los que después se ha visto con claridad que hubiese sido imprescindible su denuncia. Hechos que, si se conocieron, se valoraron como algo poco trascendente, un rumor o una acusación infundada y poco creíble.

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El público en general piensa que los agresores sexuales son personas viciosas, afectadas por graves dolencias psicológicas o que viven en situaciones de intensa exclusión social. Y esto no es siempre así. Numerosos delincuentes sexuales que abusan de menores son lo que podríamos llamar “pedófilos integrados” o “pedófilos socialmente exitosos”, es decir personas que aparentemente están socialmente adaptadas, tienen una buena imagen e incluso son reconocidos en su entorno profesional.

Hoy los responsables de las entidades que gestionan alguna faceta del desarrollo infantil son conscientes de que esta realidad existe, pero además tienen que saber que se puede detectar y se debe intervenir. No es eficaz ninguna otra actitud. La consciencia de la realidad de este problema es el primer paso para actuar en la prevención estos delitos. Por supuesto que a esa disposición hay que añadir una decidida intervención de los agentes gubernamentales y otros actores comunitarios, para facilitar recursos y formación. No se debe mirar para otro lado.