De Sánchez a Sànchez

Lo saben los políticos en prisión, sus abogados y los dirigentes independentistas que desde las instituciones o a distancia claman contra las penas solicitadas en la causa del ‘procés’: no estaba en manos de Pedro Sánchez modificar el relato de los hechos de la fiscalía, aún menos el cargo de rebelión. 

Cualquier presión gubernamental hubiera resultado estéril. Una orden expresa de la Fiscalía General del Estado habría topado con el rechazo de los cuatro acusadores del ministerio público, y con un seguro cierre de filas del Consejo Fiscal. Otra cuestión es cómo evolucionen la vista oral y la vía de los indultos, que el Gobierno del PSOE mantiene abierta.

Para el presidente, el sumario del 1-O es una calamidad heredada de Mariano Rajoy. Desde la oposición, el líder socialista apoyó que el Gobierno aplicara el 155, pero la judicialización de un conflicto de raíz política, en última instancia mediante la querella  por rebelión, solo es achacable a Rajoy.  

Que la Abogacía del Estado retirase la acusación por rebelión era, por tanto, cuanto podía hacer el Ejecutivo en pos del apaciguamiento. Gesto tal vez inocuo de cara al juicio pero clave cuando el pleito llegue al Tribunal de Estrasburgo, donde al Estado le costaría defender una condena por rebelión que no solicitó en el Supremo.

"Moneda de cambio"

Igual que exigió gestos con los presos a cambio del apoyo parlamentario a Sánchez, el Govern de Quim Torra, pertinaz en el error, ha anunciado el ‘no’ a los presupuestos del Estado en respuesta al escrito de la fiscalía. Error denunciado incluso por el reo Jordi Sànchez, líder de JxCat en el Parlament: “La visibilización ostentosa de esta demanda acabará consiguiendo el efecto contrario de lo que supuestamente busca.” Como otros presos, Sànchez rechaza ser “moneda de cambio”, pide un diálogo “discreto” sobre los reclusos y aboga por negociar las cuentas del Estado.

Sería lamentable que, en vez de trabajar con inteligencia por la libertad de los presos, las fuerzas independentistas los usaran para disimular su división y falta de proyecto, apalancándose en las movilizaciones de protesta para mantenerse en el poder.