La fiscalía y el máster de Casado

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid decidió trasladar al Tribunal SupremoTribunal Supremo, el pasado mes de agosto, una pieza separada de la causa seguida por el asunto de los másteres de la URJC con la finalidad que el alto tribunal decidiera sobre la imputación de Pablo Casado. Al ser aforado, solo el Supremo puede iniciar el procedimiento del líder del PP sobre las presuntas irregularidades detectadas. Así lo expuso Carmen Rodríguez-Medel, que consideró que Casado participó activamente en la trama de unos estudios que se otorgaban como "regalo o prebenda" a determinadas personas. La jueza de primera instancia consideró "indiciariamente acreditada" la "responsabilidad penal" y la "criminalidad" en referencia a los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, por lo cual elevó al Supremo su demanda, con la solicitud que se le requiriera la documentación necesaria para desarrollar la investigación. El mismo Casado reconoció las condiciones ventajosas que le habían permitido obtener el diploma, en unas circunstancias como mínimo dudosas.

Ahora, la fiscalía del Supremo, aunque su opinión no es vinculante, considera todo lo contrariofiscalía del Supremo. Al no haber indicios de responsabilidad penal, según ella, propone que el caso sea archivado, un caso que -conviene recordarlo- sigue su curso en el mismo juzgado madrileño contra otros imputados sin aforamiento. La Sala de Admisión del Supremo deberá decidir cómo actuar. Si hacer caso del contundente requerimiento de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y abrir la causa o si mirar hacia otro lado, lo cual sería difícil de entender.