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CASO MÁSTER

El fiscal exonera a Casado y la jueza investiga el máster de Montón

El ministerio publico no ve indicios de que se concertara con Álvarez Conde por lo que no ve prevaricación

La magistrada pide informe a fiscalía para ver si revoca la imputación que pesa sobre tres compañeras de clase del dirigente 'popular'

Ángeles Vázquez

El presidente del PP, Pablo Casado, durante su comparecencia en la sede del partido el pasado 6 de agosto. / CHEMA MOYA (EFE)

El presidente del PP, Pablo Casado, durante su comparecencia en la sede del partido el pasado 6 de agosto.
El presidente del PP, Pablo Casado, en la comparecencia de este lunes por el caso Máster.

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El informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, en contra de abrir una causa contra el presidente del PP, Pablo Casado, por el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso 2008-2009 ha tenido consecuencias inmediatas en el 'caso Máster', que instruye la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Tras conocerse que la fiscalía se opone a abrir un procedimiento en el alto tribunal contra el diputado, porque sería "meramente prospectivo", ya que "no ha quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria", que se concertara con quien dirigía su máster, Enrique Álvarez Conde, para lograr el título, la magistrada ha pedido informe al ministerio público sobre sus tres compañeras de estudios imputadas por cohecho y prevaricación.

Casi a la vez que se conocía el informe sobre Casado, la jueza abría diligencias por esos mismos delitos por el máster que obtuvo la exministra Carmen Montón en el curso 2010-2011 y que le costó la cartera de Sanidad, al trascender que pagó la matrícula fuera de plazo, empezó el curso tarde, apenas asistió a clase, sus notas fueron manipuladas y su trabajo final contenía plagios. La jueza, que aún no imputa a Montón, pide su vida laboral y toda la documentación que obre en la universidad sobre su expediente.

Quizá de haber conocido el informe sobre Casado habría optado por preguntarle antes a la fiscalía, porque después, justo hizo eso en relación con la imputación de María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito; Alida Mas Taberner, exsubsecretaria de la Consellería de Educación valenciana, y María Dolores Cancio, vinculada al Instituto de Derecho Público, que dirigía Álvarez Conde. En la providencia la jueza pregunta si debe revocarse esa imputación "con independencia de que no conste recurso alguno del ministerio público" contra ella.

Sin datos del concierto

El informe sobre Casado, que tendrá un peso determinante en lo que finalmente decida la Sala sobre el líder del PP, sostiene que los indicios que aportó la magistrada "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez" para "aconsejar la apertura de un procedimiento" al Supremo. Tras calificar de "iniciativa prudente" la exposición razonada elevada por Rodríguez-Medel, afirma que "carece del sustrato necesario para ser tenida en cuenta por el Supremo", porque no "existe dato alguno que avale" que se concertara con quien era director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, para obtener el máster.

Para la magistrada, la forma en la que "un grupo de alumnos escogidos" conseguió su máster como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno" muestra un concierto con el catedrático imputado constitutivo de un delito de prevaricación administrativa. Para la fiscalía esa "afirmación" carece "de prueba alguna" y "no pasa de ser una mera sospecha o conjetura". Añade que el "uso del currículum" es "inocuo" para determinar si hubo o no ese delito, porque la inclusión del máster siempre sería posterior a la conducta que habría sido "prevaricante": el acuerdo. El cohecho impropio solo tendría trascendencia penal en relación con la prevaricación que se descarta para Casado.

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