Opinión | Editorial

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Un año después de la protesta del 20-S

El tantas veces anticipado choque de trenes se materializó en la movilización contra el registro en la Conselleria d'Economia

Concentración frente a la Conselleria d'Economia.

Concentración frente a la Conselleria d'Economia. / periodico

El 20 de septiembre del año pasado, la sociedad catalana vivió el primer gran día de tensión en las calles que caracterizaron el caliente otoñoprimer gran día de tensión en las calles. Una quincena de guardias civiles y personal judicial participó en el registro de la Conselleria d’Economia i Hisenda por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde se incautaron de documentos y detuvieron al secretario general de la 'conselleria', Josep Maria Jové, y al secretario de Hisenda, Lluís Salvadó. Mientras en el interior de la sede se procedía al registro, en el exterior miles de personas convocadas por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana protestaban por el registro. Lo sucedido en aquella manifestación es hoy de gran importancia, ya que la causa por rebelión contra los dirigentes de ambas asociaciones, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, se basa en que el juez instructor ve violencia en lo sucedido en el multitudinario escrache.

El tantas veces anticipado choque de trenes se materializó el 20 de septiembre, y la relación institucional desde entonces no hizo más que empeorar. Un juez ordenó el registro de una 'conselleria'; la Guardia Civil efectuó el registro y responsabilizó a los Mossos de no haber evitado el cerco y el destrozo de tres coches policiales, empezando así la desconfianza entre cuerpos policiales que aún perdura; la ciudadanía favorable al referéndum se movilizó masivamente ante la Guardia Civil, en un pequeño adelanto de lo que sucedería días después, el 1 de octubre, con esas imágenes de los antidisturbios golpeando a ciudadanos pacíficos que dieron la vuelta al mundo. El tejido institucional y político, sometido durante años a fuerte tensiones y ya gravemente resquebrajado el 6 y el 7 de septiembre, se rasgó de forma definitiva el 20 de septiembre.

Un año después, Cuixart y Sànchez, junto con parte del Govern de entonces, se encuentran en prisión y afrontan gravísimos cargos por una protesta que si bien fue tensa y muy cargada emocionalmente, también fue pacífica. En este tiempo, el Estado y el independentismo no han logrado encontrar la forma de suturar la herida que empezó a sangrar en la Conselleria d’Economia i Hisenda. En la línea de lo apuntado recientemente, de forma más o menos abierta, por los ministros Josep Borrell y Meritxell Batet, la prolongada prisión preventiva de Sànchez, Cuixart y el resto de encausados es hoy el principal elemento distorsionador de la crisis catalana.