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Editorial

La exhumación, una urgencia histórica

Por respeto a las víctimas y por la conciliación, el traslado de los restos de Franco es urgente e inaplazable, y nunca debe usarse como arma política

Turistas en el Valle de los Caídos.

Turistas en el Valle de los Caídos. / JOSE LUIS ROCA

El Gobierno de Pedro Sánchez, como anunció, tiene previsto aprobar este viernes el decreto ley para llevar a cabo la exhumación de los restos Francisco Franco, enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. La losa que cubrió ese día la tumba del dictador cayó con la intención del régimen de convertir la sepultura en un pesado sello para perpetuar la España de vencedores y vencidos, un insulto al país de la reconciliación y a la historia de quienes habían defendido a un Gobierno legal contra un alzamiento. 43 años después, la decisión del Ejecutivo socialista en busca de la reparación y de la tardía justicia histórica se topa con el rechazo abierto del PP y el que se encubre detrás de la previsible abstención de Ciudadanos. De fondo, una minoría de franquistas nostálgicos, entre ellos miembros del Ejército, rinden sus últimos honores al golpista e incluso niegan los asesinatos de la dictadura.

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Que este último grupo persista en vivir mentalmente inmerso en una injusta acronía es inevitable y un asunto menor, pero es especialmente lacerante para la memoria histórica que los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera busquen falsas excusas para no asumir que la exhumación es un deber para con la historia. Y, peor, utilizar el traslado de los restos con intereses partidistas. Dos son las principales objeciones que ambos plantean: que se utilice la fórmula del decreto ley y que se actúe con urgencia cuando las prioridades sociales son otras. Toca recordar que el primer Gobierno del PP de José María Aznar batió récords con 85 iniciativas parlamentarias por esta vía y que el de Mariano Rajoy aprobó 73 decretos leyes entre el 2011 y el 2015. Cierto es que el de este viernes será el séptimo decreto ley de Sánchez en un corto espacio de tiempo, en lo que no es ajeno que gobierna con solo 84 diputados.

En cuanto a las urgencias, empezaba a ser imperativa la necesidad de cerrar más de cuatro décadas de ofensa a la España alumbrada en la Transición y la de acabar con unos honores al dictador denunciados por la propia ONU, junto con el incumplimiento de la ley de memoria histórica. Aunque solo fuese por respeto a las víctimas cuyos restos aún permanecen en las cunetas y por el espíritu de conciliación y convivencia, la exhumación es urgente e inaplazable, y nunca debe ser manipulada como arma política.

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