FUERA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

El Gobierno blindará el viernes la exhumación de Franco con un decreto

Juan Ruiz Sierra

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Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la familia de Francisco Franco, el Gobierno aprobará este viernes la exhumación de los restos del dictador, que saldrán del Valle de los Caídos 43 años después de su muerte por causas naturales. Pocas decisiones más simbólicas tomará Pedro Sánchez en esta legislatura. Después de muchas vueltas, la fórmula elegida será la del decreto ley, blindando así la iniciativa a las posibles acciones legales de los familiares del general golpista que gobernó España durante casi cuatro décadas.

La norma que saldrá del Consejo de Ministros será breve. Se limitará, explican fuentes de la Moncloa, a reformar la ley de memoria histórica en algunos de sus artículos, entre ellos el que se refiere, muy por encima, al Valle de los Caídos. A partir de ahí, todo irá rápido. El Ejecutivo espera que la necesaria convalidación del decreto por parte del Congreso tenga lugar en el primer tramo de septiembre. Y la salida de los restos, poco después.

Pero solo los de Franco. Los planes de la Moncloa no pasan, al menos de momento, por trasladar también a un lugar menos preeminente del enclave a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, ni por convertir el recinto en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, como aprobó el Congreso, a propuesta del PSOE, en mayo del año pasado.

La iniciativa actual, explican en el Gobierno, es más modesta. Pretende acabar con la anomalía que supone que Franco esté enterrado en la basílica del Valle de los Caídos. La irregularidad es doble. Por un lado, dentro del propio recinto, ya que el general no murió durante la contienda ni fue represaliado después. Por otro, en el contexto europeo, donde no existen paralelismos con esta situación.

El precedente

El Gobierno espera no tener problemas en el Congreso para convalidar el decreto. La Cámara baja ya aprobó el pasado año una proposición no de ley (cuya importancia es solo política, no jurídica) que instaba al Gobierno, entonces del PP, a trasladar los restos de Franco. La iniciativa salió adelante con 198 votos a favor y las 140 abstenciones del PP y ERC, por motivos opuestos.

Los principales escollos para el Ejecutivo se situaban en la Iglesia Católica, que al final no ha puesto objeciones pese a que el dictador yace en un lugar de culto, y sobre todo en los familiares de Franco, que siempre han sido radicalmente contrarios al traslado. Para ellos, la falta de acuerdo convertirá la exhumación en una "profanación". Por eso el Gobierno se ha tomado todo este tiempo para buscar la fórmula adecuada. No quiere que una decisión de tanto calado, dentro y fuera de España, pueda ser revertida por una demanda de la familia. Al tratarse de una ley, los parientes de Franco no tienen margen para acudir a los tribunales, a diferencia de los grupos parlamentarios.

Por el momento, el PP dijo que revisará la legalidad del decreto. Su presidente, Pablo Casado, valoró así el traslado de los restos de Franco: "Reabrir viejas heridas no conduce a nada". Desde Cs, su líder en Catalunya, Inés Arrimadas, criticó que el Gobierno no plantee una "solución global" al Valle de los Caídos, pero no aclaró qué votarán los diputados naranjas. ERC, por último, condicionó su apoyo a que el Gobierno asegure que anulará en esta legislatura las sentencias de muerte de tribunales franquistas, entre ellas la del ‘expresident’ Lluís Companys. En su comparecencia en el Congreso el pasado 11 de julio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya dijo que esa era la intención del Ejecutivo. Pero los republicanos quieren un compromiso más claro.