Evitar nuevos parches jurídicos

En el momento de escribir estas líneas siguen las concentraciones de protesta y paros de los taxistas en las principales ciudades españolas. El desencadenante de esta situación ha sido la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del reglamento que el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó el pasado 26 de junio. Esta norma tiene por objeto principal requerir una nueva y adicional autorización urbana a los actuales titulares de una llamada autorización para el alquiler de vehículos con conductor (VTC). El TSJC habría advertido una posible falta de competencia del AMB al no haber una norma con rango de ley que le permita exigir un nuevo título administrativo habilitante a quienes ya disponen de uno que, además, es de carácter nacional.

La cesión de competencias a las comunidades autónomas requiere una ley orgánica y por lo tanto la mayoría absoluta del Congreso

Ante esta situación la reivindicación de los taxistas ha sido añadir a la ya conocida de la proporción de 1 autorización de VTC por cada 30 de taxi, una nueva consistente en que se reconozca legalmente la competencia de los municipios para establecer la “licencia urbana”. Parece que el Ministerio de Fomento habría acogido estas reclamaciones pero de la lectura de su nota de prensa que este lunes hizo pública, no queda del todo claro de qué modo va a poder hacerlas efectivas. En primer lugar anuncia una “declaración política” que recogería la hoja de ruta con el objetivo de reequilibrar las actividades de taxi y VTC. Añade que a mediados de septiembre se planteará una propuesta concreta de modificaciones normativas a través de un Real Decreto-Ley con el que se pretende resolver el problema “definitivamente”. Y en tercer lugar manifiesta, para sorpresa de más de una Comunidad Autónoma, que en la Conferencia Nacional de Transportes prevista para mañana miércoles se presentará la propuesta de la transferencia de competencias, y hacer viable jurídicamente la licencia urbana.

Como puede verse no hay mucha claridad en las medidas concretas a adoptar. Sin embargo, sí podemos afirmar que difícilmente en septiembre el problema taxi-VTC estará resuelto del todo. Por ejemplo, la referida transferencia de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas que, naturalmente, lo deseen, deberá realizarse mediante ley orgánica (art. 150.2 de la Constitución). Por tanto, en este caso y a título indicativo, se requiere mayoría absoluta en el Congreso. En todo caso las medidas anunciadas deben partir de la realidad -que no es la del 1/30- de unas autorizaciones VTC ya concedidas y difícilmente revocables pero sobre las cuales sí es posible, en cambio, definir con mayor detalle su ámbito y modalidades de actuación. Se trata, pues, de subrayar las diferencias existentes entre las dos actividades de tal modo que se pueda justificar el mantenimiento de ambas de manera compatible y, por supuesto, viable. Esperemos, pues, que las nuevas medidas, tal como decía el secretario de Estado de Fomento, no sean un parche como las anteriores.