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MIRADOR

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa

DAVID CASTRO

Sánchez y la agenda catalana

Joaquim Coll

Cuando se notifique el fin del diálogo, el Gobierno será señalado como culpable, cómplice o ingenuo

El diálogo entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra no va a finalizar de forma tan abrupta como parecía inicialmente tras la toma del control sobre el PDECat por parte de Carles Puigdemont. Una cosa es que el 'expresident' no le perdonase a Marta Pascal haber apoyado el acceso del líder socialista a la Moncloa, por aquello de que el separatismo vive mejor con el PP en el poder; y otra muy diferente es que, una vez se ha hecho con las riendas del partido para fusionarlo con su caudillista Crida republicana, tenga interés en provocar un adelanto electoral en España.

Primero porque, según las encuestas, el PSOE ahora subiría en escaños y, por tanto, los independentistas serían prescindibles. Y, segundo, porque Sánchez no parece dispuesto a tirar la toalla tan pronto pese al revés sobre el techo de gasto e insiste en agotar la legislatura. Empecinarse en ello sería un grave error, pero desincentiva la tentación de derribarlo a cuenta de los presupuestos.

Es indudable que Puigdemont quiere ejercer el liderazgo y en la lucha por la hegemonía con ERC puede precipitar el adelanto en Catalunya. Como no hay negociación posible sobre los presos y el referéndum (el diálogo no compromete a nada), la celebración del juicio en otoño podría ser la excusa para ir a las urnas en un momento de alta emotividad soberanista.

Por eso, Sánchez debería esforzarse por construir una agenda catalana propia al margen de lo que acabe ocurriendo bilateralmente entre la Generalitat y el Estado. El día que se notifique el fin del diálogo, porque a Puigdemont le convenga, el Gobierno socialista será señalado como culpable, cómplice o ingenuo. Además, es un error aparecer como prisionero de una muerte a crédito.

Esa agenda catalana debería servir, primero, para dar una respuesta sistemática a la propaganda secesionista como ya hace el ministro Josep Borrell desde su ministerio. Pero hace falta más pedagogía para explicar por qué la secesión no es un derecho y es incompatible con la democracia constitucional en todo el mundo. Ello requiere de una estrategia de medios para pinchar la propaganda y las mentiras secesionistas.

Segundo, los ministros deben estar muy presentes en Catalunya, explicando sus proyectos en inversiones, políticas sociales y educativas, estableciendo un relación directa con la sociedad catalana. Alguien tendrá que aclarar algún día, por ejemplo, que las acciones a favor de la lengua catalana se pagan a través de un capítulo específico de la financiación (unos 150 millones anuales que la Generalitat, por cierto, no se gasta del todo), lo cual nos lleva al desarrollo de una política de Estado a favor del plurilingüismo y el bilingüismo.

Tercero, el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir las sentencias relativas a la neutralidad del espacio público y las instituciones, que no pueden exhibir símbolos partidistas (lazos, cruces, pancartas o esteladas). Compete ahora la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, exigirlo a los ayuntamientos y a la propia Generalitat. Y, cuarto, Sánchez no puede olvidarse de exigir también el diálogo en Catalunya entre catalanes.