Los intocables del régimen del 78

Me viene al recuerdo una anécdota que me contó mi padre sobre la Transición; después de la legalización del partido comunista, mi padre preguntó a un amigo suyo, cuyo hermano era un militar de alta graduación, cómo había sentado ese hecho en el Ejército, y su amigo le respondió que se había alcanzado un pacto secreto sobre el alcance del cambio permitido: lo único que no se podía tocar era la familia Franco, la Iglesia católica y el Ejército. Y ese pacto ha sido respetado escrupulosamente por los partidos políticos hasta el día de hoy, cuando ha transcurrido casi medio siglo tras la muerte de Franco; los límites impuestos por los poderes fácticos del franquismo continúan vigentes y no hay atisbo de que en un futuro próximo rompamos de una vez por todas con aquella dictadura atroz y consigamos salir de su prolongada sombra.

Cierto que el Gobierno socialista ha anunciado que trasladará los restos de Franco y puede que también ilegalice la fundación que lleva su nombre, dedicada a enaltecer la memoria de un dictador fascista comparable a Hitler y Mussolini (menos sangriento que el primero, más que el segundo); lo sorprendente no es que se tomen estas tímidas medidas, sino que se haya tardado tanto en hacerlo. No obstante, y por concesión real, la nieta del dictador seguirá ostentando el ducado de Franco y su familia continuará disfrutando de una inmensa fortuna de origen oscuro e inexplicado. El pacto secreto de silencio, protección y encubrimiento, se extiende al sucesor designado por Franco en la Jefatura del Estado y a la familia de este, como estos días estamos comprobando con estupor y escándalo.

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En cuanto al Ejército, es una institución opaca donde las haya; de vez en cuando nos sorprenden noticias como el trágico accidente del Yak-42 (o la gran chapuza del señor Trillo), se caen helicópteros y mueren pilotos y nadie pregunta, se construye un submarino que no puede navegar con un presupuesto desmesurado, se compra armamento inservible por miles de millones de euros… Y es una institución con su propia jurisdicción, que está fuera del alcance de la justicia ordinaria. La Iglesia católica en el Estado «aconfesional» del siglo XXI tiene un poder y unos privilegios con los que no podía ni soñar en el siglo XIX, bajo una monarquía católica. Entre exenciones de impuestos y subvenciones directas, percibe cerca de 11.000 millones de euros anuales y, sin ser un ente público, tiene la facultad de escriturar a su nombre los bienes inmuebles que considere de su pertenencia –como la Mezquita de Córdoba–, merced a un privilegio franquista que Aznar conservó y amplió y que ningún Gobierno socialista ha derogado, además de controlar la mayoría de las escuelas concertadas, que pagamos todos.

Por favor, que me vuelvan a explicar el milagro de la Transición.