El siguiente paso: la libertad

La decisión del Gobierno español de trasladar a los presos políticos a Catalunya debería ser leída como una pequeña victoria por parte no solo del independentismo, sino de todas las personas progresistas y sensibles con los derechos humanos. El balón estaba encima del tejado del Ministerio del Interior, como habían denunciado los abogados de los presos, sus familiares y las formaciones soberanistas. Y lo que era necesario, simplemente, era cumplir la normativa penitenciaria.

Sin embargo, el traslado tendrá también su lectura política. No es casualidad que llegue justo ahora, antes del encuentro de Pedro Sánchez con Quim Torra. ¿Habría habido acercamiento si Mariano Rajoy aún fuera presidente del Gobierno, y Ciudadanos siguiera presionando por la derecha? Por un lado, el nuevo Ejecutivo del PSOE se expone al desgaste por parte del españolismo más reaccionario. El PP y Albert Rivera lo acusarán de ceder al chantaje de los independentistas a cambio de la investidura de Sánchez. Por otra parte, el PSOE venderá su decisión como un "gesto" de distensión.

Las competencias de prisiones

Catalunya es la única comunidad autónoma del Estado que tiene transferidas las competencias de prisiones. Por eso es importante que los presos estén en prisiones catalanas. Es el departamento de Justícia, en manos de la republicana Ester Capella, quien tiene amplias competencias sobre los regímenes internos, sobre los tratamientos penitenciarios y todo lo referente a la vida en los centros. Además, habrá que ver hasta qué punto también la Conselleria de Justícia puede tener la potestad de conceder o no los terceros grados o los regímenes de semilibertad una vez la condena ya sea firme.

Al mismo tiempo, el independentismo debería empezar a abordar otra importante cuestión: ¿qué pasará después del juicio a los líderes soberanistas? Es muy poco probable que las causas terminen archivadas, incluso en el caso de que la nueva fiscal general del Estado nombrada por el PSOE decida modificar la posición de sus antecesores. Lo más seguro es que haya una condena, que será más o menos dura dependiendo de si las penas contemplan o no los delitos de rebelión y sedición.

Cuando esto ocurra, habrá que abordar cuestiones como la demanda del indulto o la amnistía. Esta es una decisión de mucha profundidad política. El indulto se debe solicitar y lo otorga el Rey a petición de un Consejo de Ministros. Es una medida de gracia que perdona la pena (pero no el delito, que sigue existiendo). Una ley de amnistía, en cambio, se votaría en el Congreso, requeriría una mayoría relevante y tendría un fuerte componente político. No hay consenso entre los juristas sobre si la Constitución española de 1978 la prohíbe o no.

El acercamiento es un primer paso, a ojos de muchos insuficiente, hacia un objetivo: la libertad. El 80% de la sociedad catalana está a favor de la liberación de los presos políticos. Cualquier partido que aspire a representarla de forma mayoritaria debería tener presente esta cuestión.