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LARGO PLAZO

El olvido del alquiler

Olga Grau

Los particulares no cuentan con incentivos fiscales para acceder a la vivienda mientras las sociedades de inversión inmobiliaria se ahorran 260 millones en impuestos este año


El mercado de la vivienda preocupa, pero no ocupa. El alza del precio de los pisos vuelve a ser un problema de primer orden en España. Los hogares no pueden adquirir viviendas por culpa del binomio pisos caros y sueldos bajos. El acceso al alquiler es complicado debido a la burbuja de precios. Y a pesar de que esta realidad es conocida, desde el Ejecutivo no se han incorporado medidas legislativas o fiscales para atacar el problema a través de los presupuestos generales del Estado.

Tampoco la oposición suscita el debate ni interpela al Ejecutivo sobre el acceso a la vivienda. Como si solo supieran reaccionar cuando el problema erupciona, como ha ocurrido con el descontento de los pensionistas. El diagnóstico es claro: es necesaria la creación de un parque de vivienda de alquiler suficiente como para que los precios bajen o no sigan subiendo. Y, paralelamente, es prioritario impulsar vivienda social para personas sin recursos. 

En economía, las fórmulas más útiles para incentivar inversiones en sectores prioritarios son la fiscalidad y las subvenciones. En España lo sabemos muy bien después de la burbuja que generaron los incentivos a los paneles solares y a los molinos de viento. 

En el caso de la vivienda, el Gobierno de Mariano Rajoy incentivó en el 2013 el régimen de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi).

Estas firmas pagan el 0% en el impuesto de sociedades a cambio de que el 80% de sus activos se destinen al alquiler, sin especificar que sean pisos. Como resultado de este régimen, de los 12.221 millones de euros en el que están valorados los activos de las 44 socimis que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), solo 2.674 millones corresponde a activos destinados al arrendamiento de viviendas, y representan poco más del 20% del total.

El grueso de la inversión de las socimis son oficinas, centros comerciales, locales, hoteles y naves industriales. Más del 60% de los accionistas de estas son extranjeros, de manera que tampoco tributan por los dividendos que perciben.

No tiene ningún sentido que la Hacienda pública deje de ingresar 260 millones este año del impuesto de sociedades de estas empresas, si el objetivo final no es incentivar el mercado de alquiler de pisos. El problema de España no es que no haya suficientes hoteles y locales de alquiler, es que no hay viviendas en el mercado a un precio razonable. 

El Gobierno podría también intervenir por el lado de la demanda. Una solución sería incorporar desgravaciones en el IRPF en los alquileres para rentas medias y bajas, para jóvenes o para pensionistas. 

Estas ideas, que proponen incluso los propios empresarios del sector, no se escuchan en boca de los dirigentes políticos enfrascados como están en el desgaste electoral y el cortoplacismo. Sin enterarse de lo que está a punto de estallarles en las narices hasta que ya es demasiado tarde.
 

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