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EDITORIAL

Las víctimas del 'caso Cifuentes'

El daño hecho al prestigio de la URJC afecta a aquellos estudiantes que sí cumplieron con las exigencias académicas

Cifuentes, este miércoles, ante el pleno de la Asamblea de Madrid.

Cifuentes, este miércoles, ante el pleno de la Asamblea de Madrid. / DAVID CASTRO

El despropósito que rodea el caso del máster de Cristina Cifuentes ha vivido hoy un nuevo episodio con el anuncio por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de que ha suspendido cautelarmente de sus funciones al catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, el profesor que dirigió el máster de la dirigente del PP, y que ha abierto expediente disciplinario a la funcionaria Amalia Calonge, implicada en el supuesto falseamiento del expediente académico de la aún presidenta de la Comunidad de Madrid. La URCJ también ha anunciado una auditoría académica y contable (cursos, trabajos, exámenes, matrículas y tasas) de todos los institutos y entidades asociadas a la universidad, como el Instituto de Derecho Público. En el comunicado emitido por el rector, Javier Ramos, se habla de graves irregularidades y de indicios delictivos, de ahí que la fiscalía esté estudiando el caso.

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Todo ello es cierto. También lo es que la actitud de la URJC y de su equipo de gobierno en este caso ha sido deplorable, hasta el punto de que la imagen y el prestigio de esta universidad pública está por los suelos. No se trata tan solo del caso Cifuentes, la universidad graduó en Criminología a 200 mandos policiales, según una denuncia presentada por un sindicato policial. El daño infligido a los alumnos de la universidad es enorme, ya que la sombra de la sospecha sobre los méritos académicos de sus titulaciones ya es irreparable.

La vertiente política del caso es muy importante, pero la académica no lo es menos. El poder político no puede utilizar las universidades como generadoras de titulaciones low cost que permiten adornar currículums o aspirar a altos más cargos en la función pública a dirigentes del partido gobernante. Porque esas aulas que los cargos políticos apenas pisan (Pablo Casado aprobó su máster en la URJC sin ir a clase) están llenas de estudiantes que sí estudian, sí acuden a clase (y recuerdan haberlo hecho), sí redactan sus trabajos de fin de máster y sí guardan copias de los diferentes borradores en sus ordenadores. En el mundo de la política Cifuentes puede enrocarse si Mariano Rajoy se lo permite; en el mundo real, el daño hecho a miles de estudiantes no es de recibo. Son las víctimas del caso Cifuentes.

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