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LA CLAVE

Ambiente en la plaza de Sant Jaume ante la comparecencia de Puigdemont, este jueves, al mediodía.

Presidentes, háblense

Enric Hernàndez

La solución está en manos de Rajoy y Puigdemont: levantar el teléfono y echar el freno antes de despeñarnos a todos. Ambos tienen poco que ganar y mucho que perder

Reconocíamos el miércoles en este mismo espacio la tarea sorda de los emisarios y mediadores que se están dejando la piel para evitar tanto una declaración unilateral de independencia (DUI), ilegítima al carecer de un mandato democrático homologable, como la suspensión parcial o total de la autonomía catalana. Algunos son políticos en activo, como el dimisionario Santi Vila, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el socialista Miquel Iceta o, con particular protagonismo, el lendakari Iñigo Urkullu, aceptado como mediador por Mariano Rajoy Carles Puigdemont. Otros son empresarios e intelectuales que de buena fe han intercedido entre ambos gobiernos para conjurar el desastre.

Fueron estos buenos oficios los que, a primera hora de la mañana de este jueves, impulsaron al 'president' de la Generalitat a anunciar a sus 'consellers', a Junts pel Sí y a la CUP su determinación de convocar elecciones autonómicas y disolver el Parlament para evitar la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado. Una decisión responsable y valiente, pues le enfrentaba con sus socios de gobierno y con las entidades soberanistas, que no tardaron en promover las protestas mientras el infierno de las redes sociales lo sometía al consabido linchamiento. Durante unas horas antepuso el interés del país, de todo el país, a la hoja de ruta soberanista.

Es de suponer que, para dar un paso de tanta transcendencia como ese, Puigdemont había obtenido a través de Urkullu las garantías que demandaba. En particular, el compromiso de Rajoy de que, convocadas las elecciones en el marco constitucional y enterrada la declaración de independencia, quedarían sin efecto las medidas coercitivas que tramita el Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución. Bien porque al final la Cámara alta no las acabase aprobando, bien porque el Consejo de Ministros renunciase a implementarlas. Podía haber flecos pendientes, nada trascendental. De lo contrario, Puigdemont habría actuado con precipitación.

PÉRDIDA DE LIBERTADES

Solo la presión de los aliados y del independentismo más radical explica la posterior rectificación del presidente catalán, que cerró la puerta electoral y abrió la unilateral. Y que, si no rectifica otra vez, abocará a Catalunya a la pérdida de libertades colectivas, el desgobierno, el conflicto y  la ruina económica. Cuanto peor, peor.

El recurso a intermediarios late en el corazón del desastre en curso, pues acredita que al más alto nivel los puentes del diálogo están rotos. Salvo que se obre el milagro, el Gobierno del PP adoptará en breve duras iniciativas que suscitarán una intensa respuesta social en Catalunya. No es seguro que el Estado esté capacitado para hacerse con el pleno control de la Generalitat.  Puigdemont y Rajoy, los dos antagonistas, tienen mucho que perder y poco que ganar. Existen, por tanto, incentivos para el acuerdo in extremis, pero a estas alturas es imprescindible que ambos presidentes levanten el teléfono y acuerden echar el freno antes de despeñarnos a todos. Presidentes, cumplan con su deber y háblense.

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