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Una barbaridad atentatoria contra los principios de un Estado de derecho como la 'operación Cataluña' se va a quedar en nada

"Hubo 'operación Cataluña'", ha concluido la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Y nada más. Como si fuera bastante con reconocer que el Gobierno del PP creó una policía política que utilizó para combatir a sus adversarios políticos. Y no hubiera, además, que identificar a quienes propiciaron esas prácticas y pedir medidas drásticas contra ellos.

Una vez más se refuerza la sensación de que Mariano Rajoy y los suyos gozan de algo muy parecido a la impunidad. Porque una barbaridad atentatoria contra los principios sustanciales de un Estado de derecho se va a quedar en nada. Como si nunca se hubiera producido. Como si los medios de comunicación se hubieran inventado la conversación en la que el anterior ministro del Interior y el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya pergeñaban a las claras la manera de implicar a dirigentes de CiU y de Esquerra Republicana en graves delitos.

Rajoy no cesó automáticamente a Fernández Díaz tras esas revelaciones. Porque muy probablemente la operación contaba de una u otra manera con su visto bueno. Se conformó con no renovarle en el cargo unos meses después. La oposición, salvo los nacionalistas catalanes, no puso el grito en el cielo. Estaba en otras cosas. Y se limitó a pedir una comisión de investigación sobre el asunto y también el de algunas actuaciones de la citada policía política para ayudar al PP a hacer frente a las acusaciones de corrupción.

Y esa comisión ha sido un calvario. Porque los órganos rectores del Parlamento han recurrido a toda suerte de artimañas procedimentales para impedir que avanzara. Tantas que el que haya concluido sus tareas, aunque sea de manera tan poco gloriosa, es visto como un triunfo por algunos.

TURBIOS MANEJOS

Esa estrategia de ocultación de un hecho tan escandaloso ha contado con dos instrumentos adicionales para tener éxito. Uno ha sido el silencio de buena parte de los medios al respecto. Desde hace meses y salvo los catalanes, todos los de referencia han hecho como si aquella revelación que ellos mismos difundieron a lo grande no hubiera existido. El otro, la errática actitud del PSOE al respecto. Fue ese partido el que propuso la comisión, pero luego ha hecho poco por darle fuste y en ocasiones incluso ha contribuido a poner en duda la necesidad de su existencia. ¿Por qué los socialistas no han querido que se entrara a fondo en los turbios manejos de una policía al servicio del Gobierno? ¿Temieron acaso que si se escarbaba mucho en ese terreno apareciera indicios de que tampoco los gobiernos socialistas fueron totalmente puros en esa materia?

Desde el principio estaba claro, además, que el escándalo tenía una clara secuela política. La de que prácticas como las denunciadas reforzaban la imagen de víctimas del poder central que los independentistas enarbolan como una de sus banderas. Y para no pocos eso ha justificado que se echara toda la arena que hiciera falta para tapar el asunto. Y así un nuevo hecho gravísimo se añade al creciente debe de la democracia española.

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