Menos manteros, más dignidad

Aunque es difícil de calcular con precisión, la cifra de manteros en Barcelona se duplicó en el primer año del gobierno de Ada Colau. Se pasó de unos 400 a unos 800, localizados en distintos puntos de la ciudad pero principalmente en el paseo Joan de Borbó, en la Barceloneta. El aumento se debió en parte a la inicial permisividad municipal que derivó en una política más dura a raíz de la agresión de un vendedor ambulante a un agente de la Guardia Urbana, en mayo del 2016. En julio, la operación policial se intensificó con el desalojo de los manteros y la instalación, por sorpresa, de una pista de skate en el paseo. La detención de un vendedor y el ingreso de este en el CIE puso a la alcadía en una situación contradictoria que culminó con la protesta ante la alcaldesa en un acto a favor de los refugiados. 

La propia esencia de Barcelona en Comú y su sensibilidad hacia los más desprotegidos se combinaba con una necesaria presencia policial, y con las protestas tanto de los manteros y de las entidades que les apoyan, como de la Guardia Urbana y de los sectores del comercio afectados. 

Ante esta situación ciertamente difícil de gestionar, el ayuntamiento se propuso aumentar los dispositivos de inserción social, la regularización de los vendedores y las campañas de apaciguamiento y mediación entre las partes, con la idea que ha expresado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello: «Creemos que la buena línea es mostrar que lo ilegal puede ser legal». Abordar el problema, más allá de la presión policial, con planes de ocupación, creación de cooperativas y agilización de los trámites burocráticos para beneficiar a un colectivo con la tragedia en su piel, sin perturbar la convivencia ciudadana.

Desde el verano pasado, 170 personas procedentes de la venta ambulante han sido atendidas en el Pla d’Assentaments Irregulars, y 54 de ellas han participado en programas de inserción laboral. La cooperativa DiomCoop agrupa a 15 socios senegaleses que ya venden productos de comercio justo y artesanía de manera legal, para mostrar –como ha declarado su portavoz– que «detrás de la manta hay mucha dignidad». Si se consiguen los objetivos perseguidos no solo habrá menos ilegalidad y menos conflictividad en las calles sino más futuro para un colectivo que vive en la precariedad.