Tarjetas 'black', una condena a la prepotencia

Por lo que se ha visto estos días, hay un grupo selecto de personajes que encuentra totalmente lícito y normal gastarse en fines personales de todo tipo el dinero que es de otros, que son conscientes además de que no les corresponde y que incluso evitan declararlo, por si quedaba alguna duda de que su origen no está del todo claro. ¿Alguien se imagina al máximo responsable del control de los impuestos en España gastándose con una tarjeta del ministerio a su nombre, fuera de control de gastos y sin límites más de 255.000 euros? ¿Es posible que altos cargos de los sindicatos CCOO y UGT estén utilizando las tarjetas de crédito de la central para sus compras cotidianas, regalos personales, viajes y caprichos varios y no se cuestionen en ningún momento que quizás lo que están haciendo no es correcto? ¿Sería normal que un vicepresidente del Gobierno, para mejorar su salario público, se adjudicase un sobresueldo en dinero de plástico opaco para cubrir sus gastos menores, pero por un importe de casi 100.000 euros en total? ¿De verdad puede considerar alguna persona decente que no hay ningún problema en seguir utilizando la tarjeta de la empresa en la que ya no trabaja para continuar cargándole sus dispendios personales durante meses?

Todas estas preguntas, que parecen absurdas y lo son, se corresponden con prácticas que realizaron en Caja Madrid varios sindicalistas, un exvicepresidente del Gobierno del PP, un exministro socialista, dos exsecretarios de Estado de Ejecutivos del PP, cargos de IU y del PSOE en su momento, e incluso un exjefe de la Casa Real utilizando el dinero de los impositores. Son los 65 delincuentes de las tarjetas black, condenados por apropiación indebida por la Audiencia Nacional, como resultado de un juicio en el que la gran mayoría de los acusados respondió a los jueces con total prepotencia, y sin demostrar ninguna voluntad de rectificar su actitud, al contrario, defendiendo lo que consideraban el uso correcto de las polémicas tarjetas. Solo hace falta cambiar el ámbito de actuación de las personas  juzgadas, como en las preguntas del principio de este artículo, para darse cuenta de que los ahora condenados sabían muy bien que no era justo gastarse ese dinero de la forma en que lo hicieron.

Un sindicalista, como José Antonio Moral Santín,  seguro que tiene muy claro que gastarse más de 450.000 euros con una tarjeta de crédito al margen de su sueldo no es nada normal. O un miembro del cuerpo de inspectores de Hacienda desde 1982 y exsecretario de Hacienda, como Estanislao Rodríguez-Ponga, que se fundió con las tarjetas opacas 255.000 euros, también es increíble que en ningún momento dudase de la legalidad de estas prácticas.

De hecho, la sentencia es un alegato contra esta prepotencia e impunidad con la que actuaron los ahora condenados y quizá lo resume muy bien una frase del fallo dedicada a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y considerado el máximo responsable del invento, para justificar su condena: disponía del dinero de la entidad “como si del dueño se tratara, con una única finalidad lucrativa”.