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Pobreza energética en Catalunya

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Muchas familias no tienen medios para mantener en condiciones de habitabilidad sus viviendas.

Muchas familias no tienen medios para mantener en condiciones de habitabilidad sus viviendas. / ELISENDA PONS

La comparecencia en el Parlament de Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural, ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la pobreza energética (El Periódico 3/2/17). Es un tema que preocupa, como deben preocupar todos los temas que afectan a personas y especialmente a las más desfavorecidas. Y es un tema que causa enorme alarma social y menos mal, sería triste que nos quedáramos indiferentes ante la situación de una anciana a la que le cortan la luz. Pero esta alarma social debe ser ocasión para solucionar el problema y no para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros en el Parlament, cada uno defendiendo sus prejuicios ideológicos.  

¿Por qué ocurren estos casos? Pues por falta de comunicación, entre las empresas suministradoras y los servicios sociales, que conocen las situaciones de precariedad. Las compañías eléctricas no tienen ningún interés en cortar la luz a una familia. Se van a ahorrar dos duros y pueden crear un problema social que les afectará muy negativamente a su imagen (como ha ocurrido en el caso de Reus).

El problema es que las compañías desconocen si el que no paga la factura es rico o pobre. Esta información la tienen los servicios sociales de los ayuntamientos. Por eso, las compañías eléctricas están firmando acuerdos de colaboración, con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, para identificar personas en situación precaria y que no les corten la luz. En el caso de Gas Natural-Fenosa e Iberdrola (por citar dos que conozco) ya cubren más del 95% de los ayuntamientos. Pero no basta con un acuerdo: o se establece un canal rápido de transmisión de la información, o el riesgo persistirá.

La ley catalana que define  el riesgo de exclusión residencial sitúa a medio país en esta situación 

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En el caso de Catalunya, la ley 24/2015 en su artículo 6, establece las medidas para evitar la pobreza energética. Y dice claramente que "cuando la empresa suministradora tenga que realizar un corte de suministro debe solicitar previamente un informe, a los servicios sociales municipales, para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial". Esta medida bloquea a los servicios sociales, al tener que analizar miles de casos, en general relacionados con impagos y no con personas vulnerables. Sería más práctico que los servicios sociales informaran directamente a la compañía eléctrica acerca de las personas en situaciones de precariedad. Esto es lo que ha fallado (parece) en el caso de Reus.

La ley 24/2015, define riesgo de exclusión residencial a aquellas personas que, viviendo solas, tienen unos ingresos inferiores a dos veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC). El IRSC se fija en los Presupuestos de la Generalitat, y está en los 570 euros al mes (no se ha movido desde el 2009). Pues bien, dos veces el IRSC hacen 1.140€ al mes, que para una persona sola, creo que no es mucho riesgo de exclusión residencial. La renta anual promedio en Catalunya en el 2015 era de 12.300 euros por persona (según Idescat), es decir 1.000 euros al mes. Me temo pues, que la ley 24/2015 ha puesto a medio país en riesgo de exclusión residencial.