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Mujer en situación de pobreza energética.

Mujer en situación de pobreza energética. / EL PERIÓDICO

Ante la demagogia con la que se han utilizado casos puntuales de cortes de luz, es necesario abordar el asunto de la pobreza energética desde una política eficaz, que garantice que el funcionamiento del mercado eléctrico sea correcto y donde las medidas sociales sean eficientes.

El problema de la pobreza energética no es nuevo en la Unión Europea y se ha disparado con la desastrosa política energética, que ha llevado a cargar las tarifas de costes fijos, subvenciones y elementos externos a la producción energética. Hasta tal punto que hoy, en España, más del 60% de la tarifa media de un consumidor son impuestos, subvenciones y costes fijados por el Gobierno. En la Unión Europea, esa política energética que ha ignorado la competitividad ha llevado a que en países como Alemania la tarifa de los consumidores se haya duplicado mientras los costes energéticos caían.

En España, con los excesos de subvenciones, hemos pasado de una tarifa que era de las más bajas de la Unión Europea a una de las más caras. Actualmente, las energías renovables reciben unas primas que suponen unos 6.700 millones de euros anuales, que supone del orden del 20% de la factura de un consumidor residencial. Una factura que ha sufrido un aumento de más del 60% desde el 2007 mientras los costes de generación no subían más de un 10%.

La primera medida para acabar con la pobreza energética es descargar al consumidor de los costes derivados de los errores de planificación y el exceso de impuestos. Pero hay que ir más allá. El bono social, hoy, es un descuento del 25% en la factura de ciertos suministros, identificados con unos criterios que no tienen que ver con la renta. Por ejemplo, tener contratada poca potencia. El Tribunal Supremo ha fallado en contra de que lo financien las eléctricas (se trata de una política social), aunque falta su pronunciamiento sobre el caso actual reformado.

Las empresas eléctricas han ido más allá de la regulación y han firmado convenios con las administraciones regionales y municipales, para verificar la situación social real del suministro ante un caso de impago. Se pregunta a los servicios sociales, y si se constata una situación vulnerable, la administración libera fondos de protección social, y la eléctrica no corta el suministro. Por lo tanto, en casos que se han hecho desafortunadamente muy populares, la responsabilidad a la hora de identificar a los clientes en riesgo social corresponde a los servicios sociales, no a la eléctrica. En el caso específico de Gas Natural Fenosa, el 97% de sus clientes están protegidos contra cortes de suministro y atendió a más de 860 casos de clientes vulnerables. Sin embargo, la Generalitat solo utilizó en el 2015 un 22% del fondo que tenía disponible para combatir la pobreza energética.

A nivel nacional, de los cerca de 506.000 cortes de suministro por no abonar las facturas en el 2015, en más del 55% se restableció el suministro en 48 horas y en otro 8% en un mes. Esos cortes de suministro se han reducido de manera drástica en los últimos años, menos de la mitad de la cifra del 2011. Y de los cortes de suministro registrados, solo el 2% son clientes vulnerables.

Es ese 2% sobre el que se debe centrar la política social, que no corresponde a las empresas, sino al Estado y los servicios sociales. Las empresas no tienen capacidad de conocer las circunstancias personales de los clientes vulnerables. Los servicios sociales y gobiernos locales, sí.

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No es, por lo tanto, un problema de fondos, que los hay, ni de más regulación, sino de una coordinación efectiva y una política orientada a apoyar a los clientes vulnerables de manera eficiente, filtrando por renta y ofreciendo una respuesta rápida. Y, finalmente, una política energética que no cargue sobre los consumidores los errores de planificación y los excesos de subvenciones.

No existiría riesgo de pobreza energética si la política y planificación estuviera orientada hacia la competitividad, en vez de a las subvenciones.