Financiación: Un juego de ganadores y de perdedores

Con tres años de retraso pero con la recuperación económica en marcha, este Gobierno de Mariano Rajoy se dispone ya a abordar la revisión del sistema de financiación autonómica del 2009. De “reinvención”  habla el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar cabida a quienes aspiran a un cambio radical en el modelo que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero diseñó codo con codo con el Govern tripartito de José Montilla.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA?

Hasta finales de los 80, las autonomías se financiaban casi en su totalidad mediante transferencias de carácter finalista (para el Insalud, para la gratuidad de la enseñanza…) que fue despareciendo en la primera mitad de los 90. A partir de 1997, comenzó la participación de las autonomías en la recaudación de impuestos estatales (15% del IRPF). La reforma del 2001 amplió la capacidad normativa en el IRPF y extendió al 33% el tramo autonómico de su tarifa. Además se implantó la participación autonómica en la recaudación del IVA (35%) y los impuestos especiales (40%). El sistema del 2009 amplió estos porcentajes (IRPF, 50%; IVA, 50%; impuestos especiales, 58%).

Las dos comunidades de régimen  foral (País Vasco y Navarra) se rigen por su propio modelo de cupo  (ellas recaudan y transfieren al Estado las cantidades necesarias para financiar servicios estatales, como la defensa o la representación exterior), que les proporciona niveles de financiación por habitante que duplican la media.  

¿HAY PERDEDORES Y GANADORES?

No existe un criterio aceptado por todas las comunidades para medir sus posiciones relativas, si bien, el que más se acerca es el de la llamada financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas. Así, dado un índice medio 100, las comunidades con  mayor financiación serían las de País Vasco (202,3) y Navarra (161,3), seguidas de Cantabria (124,3), La Rioja (118,4) y Extremadura (110,4). El farolillo rojo corresponde a Valencia (93) y Murcia (94,6).

Catalunya (98,8) se situaría en 12ª lugar (10ª entre las de régimen común), muy cerca de la media de 100, a pesar de ser la segunda comunidad (por detrás de Madrid) en cuanto a aportación de ingresos fiscales. Esta reordenación (la segunda comunidad en recaudación pasa al 12º lugar en ingresos) es lo que se conoce como “ruptura del principio de ordinalidad”, y para corregirlo se apela a la necesidad de “poner límites a la solidaridad” en la futura revisión del sistema. En situación parecida está Madrid, que salta del 1º puesto al 13ª en financiación por habitante ajustado.

¿Y LAS BALANZAS FISCALES?

Ponen en relación lo que un territorio aporta al Estado y lo que recibe de él, no solo en términos de financiación autonómica, sino también en forma de inversión y gasto. Solo hay cuatro comunidades que aportan más de lo que reciben (como Madrid, Catalunya, Baleares y Valencia), según los resultados del último Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, publicado por el Ministerio de Hacienda en agosto.

El gran problema que plantean las balanzas fiscales es la falta de acuerdo en su metodología. El modelo de Hacienda se basa en la metodología coste-beneficio, que pone en relación lo que tributan los habitantes de una comunidad frente a la valoración de los bienes y servicios que reciben del Estado. Según, esto, por ejemplo, Madrid tuvo una balanza negativa de 17.591 millones en el 2013 y Catalunya, de 8.800 millones.

Frente a esto, la Generalitat elabora sus propias balanzas bajo la metodología del flujo monetario (diferencia entre el dinero que entra y que sale en una región), que dan como resultado un déficit de 14.623 millones en el 2012. La Generalitat también hace un cálculo bajo el método coste-beneficio, si bien los resultados son distintos de los de Hacienda al arrojar un saldo negativo de 10.030 millones en el 2012.

¿POR DÓNDE IRÁN LOS TIROS?

Es muy pronto para saberlo. Pero la mayoría de los expertos coinciden en la necesidad de simplificar el sistema, reducir el nivel de desigualdad entre territorios en términos de financiación por habitante, dotar a las autonomías de mayor control sobre los ingresos y revisar el reparto vertical de los ingresos (entre Estado, autonomías  y corporaciones locales).