EDITORIAL
Diez años de la ley de la dependencia
Un problema acuciante como el de la dependencia debería solucionarse con mucha más implicación de la Administración
La ley de dependencia ha cumplido 10 años (se aprobó en diciembre de 2006) con un bagaje ciertamente pobre y con unas complicadas perspectivas de futuro, ligadas indefectiblemente al déficit de financiación y también a las trabas burocráticas de una legislación que nació para hacer frente a la delicada situación de ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos y a la de sus familias y cuidadores.
Diez años después, un 29% de las personas con algún grado de dependencia reconocido aún no reciben ayuda, mientras se da el caso, ciertamente dramático, de las 48.000 familias catalanas que, en este período, la cobraron con el pariente ya difunto, cuando ya no sirve para el propósito que perseguía la ley –la dignificación de la vida de los dependientes– aun cuando al menos sea útil para paliar los gastos ingentes que supone la dependencia para los allegados.
LA REVISIÓN DE LOS GRADOS DE DEPENDENCIA
Los recortes presupuestarios, el exceso de porcentaje que asumen las comunidades autónomas, las dificultades para acceder a residencias, la lentitud en la revisión de los grados de dependencia, la 'invisibilidad' de ancianos que no pueden acceder a las ayudas porque su pensión es el sustento básico de la familia, la precariedad económica y personal en la que se hallan los cuidadores no profesionales... Todo ello, el 'abandono brutal' de los afectados como denuncian los expertos, nos informa de un problema acuciante que debería solucionarse con mucha más implicación de la Administración.
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