¿Dónde están los profesionales del derecho?

El silencio de los profesionales de la justicia es ensordecedor. Magistrados, jueces, abogados, fiscales, procuradores, notarios, secretarios judiciales y juristas son las víctimas más inmediatas de la estrategia del Gobierno de llevar a los cargos electos catalanes a los tribunales, pero en ningún momento han dicho ni mu en defensa propia.

Cada vez que se utiliza la justicia para dirimir una discrepancia política, se pone en entredicho la independencia de la institución judicial. Cada vez que un representante elegido democráticamente en las urnas tiene que ir a declarar a un tribunal, se deshonra el trabajo de los miembros de la carrera judicial y afecta la credibilidad del conjunto de la profesión. Cada vez que se fuerza la interpretación la ley para hacer política contra Catalunya, se agrieta un poco más la confianza de la ciudadanía. Además de ser ineficaz, la estrategia Mariano Rajoy de lanzar a los tribunales contra Catalunya hace un daño terrible a la justicia.

Los juzgados de primera instancia e instrucción están llenos de personas con auténtica vocación que han estudiado mucho -y han trabajado aún

Cada vez que se utiliza la justicia para dirimir una discrepancia política, se pone en entredicho la independencia de la institución

más- para llegar donde están, y que cada día luchan por ejercer dignamente la profesión con pocos recursos y contrarreloj, hombres y mujeres que se dejan la piel, para que la justicia sea justa. Por eso sorprende aún más este silencio clamoroso de los profesionales, no solo en Catalunya sino en todo el Estado. Un silencio con solo un par de excepciones: la de los 33 jueces soberanistas que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir ahora dos años (y que 'La Razón' estigmatizó en portada con las fotos de sus DNIs) y la del colectivo de juristas Drets, que desde dentro de la profesión denuncian los abusos del Gobierno español. Aparte de estos casos puntuales, individuales y casi heroicos, se echa en falta una respuesta del colegio profesional, de todo el colectivo, del gremio.

Por grotesco que parezca, por el momento el único que ha roto el silencio es el propio presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que se atrevió hace dos semanas a protestar contra "la judicialización del conflicto" entre Catalunya y España y decir que la dinámica que utiliza el ejecutivo Rajoy de utilizar el TC de árbitro de las discrepancias políticas entre los dos gobiernos "no es positiva". También es cierto que el ataque de sinceridad de Pérez de los Cobos -que fue militante del PP entre 2008 y 2011- no es fortuito; en la renovación del TC que se debe hacer antes de finales de año él será relevado tal como marca la ley. Sigue así la estela de José Manuel García-Margallo y Pedro Sánchez, y se une al club de los que hablan cuando ya están a punto de terminar, los que dicen la verdad cuando ya no tienen nada que perder, de los que se expresan en un grado de lucidez inversamente proporcional a su proximidad con el poder. Pero al menos hablan. Porque es cierto que el silencio protege, pero a la vez también convierte en cómplice.